Facenda lo niega y reitera que no tenía competencias supervisoras
16 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La declaración de Miguel Argones, exconsejero de Novacaixagalicia por el sindicato de banca ASCA (anteriormente estaba en otra central, Csica), añadió ayer un nuevo actor al caso que instruye la Audiencia Nacional: la Xunta de Galicia. Y es que, según confirmaron fuentes jurídicas, Argones aseguró que votó a favor de las modificaciones contractuales que posibilitaron las abultadas indemnizaciones de los exdirectivos porque consideraba que eran legales, ya que contaban con el visto bueno del Banco de España y del Gobierno gallego.
Es la primera vez -insistieron las mismas fuentes- que algún testigo hace referencia a que el Ejecutivo autónomo conociera los contratos que mejoraron las prejubilaciones de los cuatro exgestores imputados junto al que fuera copresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, en calidad de «cooperador necesario».
Argones, que según algunas fuentes es un hombre muy cercano a la dirección de la antigua Caixanova (con Gayoso al frente), aseveró ante el juez que en el consejo de administración del 1 de diciembre del 2010 apoyó los nuevos contratos y no consideró necesario consultarlos porque tanto el Banco de España como la Xunta los conocían, por lo que no tenía por qué dudar de su legalidad.
Tras su declaración, la Consellería de Facenda emitió una nota en la que reiteraba que la Xunta no supervisó las indemnizaciones recibidas por los exdirectivos de la caja por carecer de competencias para ello. Recuerda, además, que fue el presidente, Núñez Feijoo, quien instó por escrito al anterior gobernador del Banco de España a que tomase las medidas oportunas al respecto, alegando precisamente la falta de competencias de la Xunta para hacerlo.
Sin embargo, aunque niega haber supervisado las indemnizaciones, no hace mención a si conocía o no las modificaciones de los contratos que las posibilitaron. Y añade Facenda en su nota que «sempre defendeu que as contías cobradas de maneira indebida por estes exdirectivos debería reverter á entidade financeira».
La declaración de Argones contrasta con las efectuadas esta semana por otros dos exconsejeros de la caja, José Luis Regueiro (representante a instancias de CC.OO.) y Xosé Luis Veiga (vocal por el Concello de Pontevedra), que coincidieron en señalar ante el juez las dificultades que se les habían puesto para acceder a la documentación, requerida insistentemente. Regueiro fue el único de los tres que en diciembre del 2010 votó en contra de los cambios contractuales, mientras que en el consejo de agosto del 2011 los tres se opusieron a la provisión de fondos para pagar las potenciales indemnizaciones esgrimiendo en la Audiencia el mismo motivo: no conocían la cuantía.
Respecto a este extremo, se le preguntó a Argones si no era cierto que él formaba parte del comité de retribuciones, en el que podía consultar el importe, a lo que respondió afirmativamente, aunque señaló que no consideró que fuera necesario.