Los jueces comienzan su análisis advirtiendo de que «ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja económica [...] y han actuado con cierta ligereza» y recuerdan que el procedimiento para el cobro de créditos hipotecarios fue creado en 1909 y es «extremadamente agresivo frente al deudor». Apoyan sus recomendaciones en un reciente informe del Defensor del Pueblo, que aboga por que las ayudas públicas a la banca se extiendan a los deudores de créditos hipotecarios. También mencionan que a similares conclusiones se llegó en unas jornadas organizadas en marzo por el Consejo General de la Abogacía Española.
«El informe es claro, califica de abuso la ley actual, subraya la desprotección de los afectados y condena todo el procedimiento de ejecución», explica Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, «el Gobierno tiene que responder, porque no lo están diciendo solo los jueces, lo dice hasta Naciones Unidas».
Colau se refiere a un documento de la relatora de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, aprobado el pasado agosto.
Tras visitar Barcelona en marzo, Rolnik explicó en su informe que «investigaciones recientes indican que la mayor parte de los impagos registrados en España guardan relación con la crisis del empleo», y recomienda «marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia de la vivienda».