Las instalaciones fotovoltaicas han dejado de ser rentables y algunos propietarios no pueden devolver préstamos
24 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Otro gran negocio truncado por la crisis. Hace solo cinco años, instalar unas placas solares era toda una inversión, pues cualquier particular podía convertirse en productor de energía eléctrica pero mejor pagado incluso que una empresa con centrales térmicas como Endesa, por ejemplo. Tenía sus inconvenientes, claro, como que la instalación era muy cara, a razón de entre 25.000 y 30.000 euros por una placa de cinco kilovatios (de las más pequeñas). Pero con los ingresos de la venta de energía se amortizaría la inversión inicial en pocos años. A esta ola de la energía fotovoltaica se subieron cientos de particulares gallegos, que se pusieron en manos de los bancos para pedir préstamos y lanzarse al negocio energético. Ahora hay 627 instalaciones en Galicia.
Pero se olía la crisis y el Gobierno central, el anterior, decidió limitar el tiempo de funcionamiento de los también llamados huertos solares durante unos años, hasta el 1 de enero del 2014. Ese tajo afectó a los ingresos y, por tanto, al pago de los préstamos bancarios. Algunos productores no pueden devolver los créditos porque las instalaciones han dejado de ser rentables. Y, además, si alguien no lo remedia, a partir de enero tendrán que pagar un nuevo impuesto que penaliza la generación de energía con el 6 % de la facturación, tanto si eres la poderosa Endesa como Pepito Pérez y vendes electricidad al sistema.
Juan Castro-Gil posee una instalación de cien kilovatios en la que invirtió 700.000 euros y que hasta que el Gobierno impuso la limitación al tiempo de funcionamiento le reportaba en torno a 70.000 euros al año. Ahora, esa cifra se ha visto recortada en un 30 %. «Ya no da beneficios», explica. Juan es, además, delegado en Galicia de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, que ayer celebró una asamblea informativa en Lugo.
El colectivo reclama que se adelante al 2013 la supresión de los límites al tiempo de funcionamiento para poder afrontar el pago del nuevo impuesto. Castro-Gil avanza que, de momento, no se ha ejecutado ningún embargo por impagos bancarios.