La Audiencia Nacional obliga al excopresidente de la caja a acudir cada 15 días al juzgado
23 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Como ya hiciera el pasado verano en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el que fuera presidente de Caixanova y luego copresidente de Novacaixagalicia tras la fusión, Julio Fernández Gayoso, se escudó en que no tenía poderes ejecutivos para negar ante el juez la responsabilidad que se le imputa en el cobro de prejubilaciones millonarias -e indebidas, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción- por parte de cuatro exdirectivos de la entidad.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomó ayer declaración a Gayoso por espacio de dos horas, y acordó -como ya hiciera la pasada semana con tres de los otros cuatro exejecutivos imputados- imponerle medidas cautelares, obligándole a comparecer ante el juzgado cada 15 días, tal y como solicitó el ministerio público. Moreno no acordó sin embargo la retirada del pasaporte, como también pedía la Fiscalía.
Versión única
Según confirmaron fuentes jurídicas, el excopresidente de la caja única no se salió del guion en su declaración, esgrimiendo los mismos argumentos que ya manejaron sus predecesores en los interrogatorios: que los contratos por los que cobraron jugosas indemnizaciones a su salida de la entidad eran legales -aseguró que los exdirectivos las merecían porque eran «los culpables del éxito de la caja», en referencia a Caixanova- y que tanto el consejo de administración como el Banco de España los conocían y aprobaron, algo que la querella presentada por Anticorrupción niega de plano.
De hecho, según el texto de la Fiscalía, Fernández Gayoso «aprobó los importes correspondientes a las prejubilaciones de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes sin comunicarlo al Banco de España», e insiste en que sus liquidaciones, hechas al amparo del «paraguas formal de los contratos de alta dirección, prescindieron de la necesaria y mínima valoración sobre la dificilísima situación patrimonial de la entidad bancaria». Por ello les imputa a los cinco acusados el presunto delito de administración desleal y, alternativamente, el de apropiación indebida, y exige en total la devolución de casi 8 millones de euros de los casi 19 percibidos tras salir de la caja.
El responsable de los cambios
Como ya ocurriera el viernes con Pego, tampoco Fernández Gayoso respondió con claridad a la pregunta sobre quién era el responsable de los cambios en los contratos. Ambos alegaron que modificarlos fue iniciativa del consejo de administración y de la comisión de retribuciones. Cabe recordar que Gayoso era presidente de dicha comisión y que la querella de la Fiscalía señala al excopresidente como responsable de toda la operación, al precisar su «necesaria cooperación» para llevarse a cabo, «en menoscabo del patrimonio de la entidad».
Fernández Gayoso aseguró que el Banco de España disponía de un dosier con el contenido de los contratos y las modificaciones realizadas, pero Anticorrupción apuntó que tal documentación no constaba en los autos.
También declaró, según fuentes jurídicas, que él no intervenía ni en las comunicaciones al Banco de España ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas competencias del ex director general, José Luis Pego.
A espaldas del consejo
Pese a ello, y aunque manifestó que conocía las cantidades millonarias que percibirían los exdirectivos, ya que el Banco de España obligó a la entidad a provisionar 28 millones de euros para cubrirlas, no dejó claro que el consejo de administración también conociera dicha cuantía, admitiendo que no todos los datos estaban encima de la mesa. En la querella Anticorrupción sostiene que el excopresidente informó al consejo de los cambios contractuales y de la necesidad de provisionarlos, pero sin detallar la cantidad.
Gayoso defendió las indemnizaciones porque los directivos eran «culpables del éxito de la caja», en alusión a Caixanova
El excopresidente defendió la salud financiera de Caixanova y achacó la intervención a los cambios normativos