La Fiscalía también pedía la retirada del pasaporte al exdirectivo de la caja
18 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Gregorio Gorriarán, el que fuera responsable del grupo inmobiliario de Novacaixagalicia, tras la fusión de las dos cajas gallegas, tendrá que comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio, en Vigo. Así lo acordó ayer el juez del juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la percepción presuntamente fraudulenta de prejubilaciones millonarias por parte de cinco exdirectivos de la entidad financiera, a quienes la Fiscalía Anticorrupción les exige en total la devolución de un mínimo de 7,87 millones de euros.
El magistrado, que ayer tomó declaración a Gorriarán, estimó parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía, que, además de la comparecencia quincenal ante el juzgado, también solicitaba la retirada del pasaporte, alegando un riesgo de fuga que el juez no apreció.
Gorriarán, que procede de la antigua Caixanova, fue el segundo de los cinco imputados por el caso de las prejubilaciones que declaró ante el juez, después de que el lunes lo hiciera Javier García de Paredes ?hoy lo hará Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración?.
«Gratificación» por servicios
Según confirmaron fuentes jurídicas, en el interrogatorio, el exresponsable del negocio inmobiliario de Novacaixagalicia reiteró la legalidad de su indemnización, alegando que su cobro había sido en concepto de «gratificación por los servicios prestados» e insistió en que el Banco de España tenía conocimiento de ello a través de las notificaciones realizadas por el entonces director general de la entidad, José Luis Pego, también imputado y al que se le tomará declaración mañana.
En la querella presentada por Anticorrupción a Gorriarán se le exige la devolución de al menos 913.602,40 euros. Su plan de pensiones asdendió a 9.275.160 euros, y su indemnización, a 4.833.500.
El declarante llegó a la sede de la Audiencia Nacional poco antes de las diez de la mañana y estuvo ante el juez por espacio de casi tres horas. El interrogatorio de la Fiscalía se centró, según fuentes jurídicas, en los nuevos contratos de alta dirección firmados en el 2010 por los imputados, en los que se mejoran las condiciones de prejubilación. Gorriarán negó tal extremo, insistiendo en que el cambio no supuso una mejora sobre el contrato original de 1999 y que la indemnización ya la tenía reconocida.
Al hilo de tal respuesta, el abogado que representa a Novagalicia le preguntó entonces por qué motivo se modificaron los contratos, a lo que Gregorio Gorriarán señaló que por transparencia. Por contra, Anticorrupción sostiene que en las nuevas condiciones contractuales «se altera el concepto de renta vitalicia total» y se consolida una parte de la retribución variable que no tendría derecho a percibir.
La Fiscalía argumenta igualmente que el Consejo de Administración no había tenido conocimiento de los cambios reales en los contratos de los ex altos cargos, de lo que el imputado se defendió manifestando que no formaba parte del Consejo y que, por tanto, desconocía si se le había informado.
También negó cualquier responsabilidad en la situación financiera que acabó con la nacionalización de la entidad fusionada, alegando que se debía a las modificaciones legislativas realizadas para mejorar la solvencia del sistema bancario.
Del mismo modo, Gorriarán declaró que la liquidación de su contrato la hizo Novacaixagalicia, es decir, la caja fusionada que copresidía Julio Fernández Gayoso ?también imputado?, y no el banco creado posteriormente.