El anuncio de que Alcoa seguirá pagando menos por la factura eléctrica es, al margen de una utilización electoral tan criticable como esperada, una noticia sensacional para el área metropolitana de A Coruña, y sobre todo para la costa de Lugo, pero no por ello deja de ser un tema polémico en un país que ha soportado un incremento del recibo de la luz del 63% en los últimos cinco años.
En ese contexto, no está de más explicar por qué Alcoa y otras grandes industrias pesadas tienen un descuento en su tarifa del que no podemos disfrutar el resto de consumidores. ¿Es simplemente un chantaje, que el Gobierno acepta por la amenaza de deslocalización? La realidad es que el precio que estas grandes plantas pagan por la electricidad viene marcado por el rol que tienen en el sistema energético español. El descuento es el pago por el concepto de interrumpibilidad, que consiste en que estos grandes consumidores pueden sufrir en pocos minutos, y sin derecho a reclamación, un corte de luz para garantizar que al resto de clientes, los que no tenemos descuento, no nos falte la luz en casa.
En picos de altísima demanda (marcada por temperaturas muy altas o muy bajas) o bajísima oferta (ausencia de fuentes no gestionables, como la eólica), o con motivo de una gran avería provocada, por ejemplo, por un temporal que dañe las líneas de transporte y distribución, el operador del sistema, Red Eléctrica de España, puede exigir a una o varias de estas plantas que se desconecten de la red y cesen en su actividad hasta que se recupere la normalidad.
¿Este recurso es habitual? No, ni mucho menos. De hecho no ocurre casi nunca, y menos en los últimos años, en los que la caída de la demanda y el incremento del parque de generación han disminuido muchísimo las situaciones críticas. Por eso el Gobierno, que desde 1997 ha acumulado un deuda eléctrica de 24.000 millones de euros a la que Bruselas más de una vez ha calificado de ayudas de estado, alegaba que no se podía gastar 1.400 millones de euros cada año en una herramienta que no usa.
Pero la realidad, con mayores o menores picos, es que hasta que se concluya la conexión por Francia a través de la frontera con Girona, España seguirá siendo una isla energética, y nadie puede garantizar que cualquier día no haya que recurrir a la energía de Alcoa para seguir teniendo luz en casa.