Martinsa aseguró a sus accionistas que la finca de México valía 100 millones

Era el de ayer un día clave. Al estrado subía el perito que emitió el informe en que se sustenta la demanda contra Manuel Jove y Antonio de la Morena, el hombre que afirmó que la finca mexicana no costaba ni la cuarta parte de lo que pagó Fernando Martín (118 millones de euros). El experto aseguró que los terrenos no habían alcanzado la categoría de urbanizables, que seguían siendo rústicos porque a su entender les faltaba el beneplácito del departamento de Medio Ambiente. Los abogados de los demandados intentaron demostrar que la calificación como urbanizable está acreditada en sendas resoluciones del Gobierno de Baja California y del Ayuntamiento de Loreto -del 23 de febrero y 22 de marzo del 2006, respectivamente-, así como con varios informes de abogados y arquitectos y por la propia Martinsa Fadesa en el Folleto Informativo de admisión a negociación de sus acciones notificado a la CNMV del 2007, informando a sus propios accionistas que la finca tenía un precio que rondaba los 100 millones de euros. La cifra la sustentaron hasta seis tasaciones distintas.

Para sustentar que ese informe «está basado en datos erróneos», viajaron desde México cuatro personas. Los dos autores de un informe pericial sobre la calificación del suelo; el perito y autor del informe de Jones Lang LaSalle, cuya división de México elaboró una tasación; un ejecutivo de Fonatur (lo que en España sería el Ministerio de Turismo) y responsable del desarrollo de la Escalera Náutica en aquella zona; y el arquitecto de Loreto (municipio donde se asienta la finca). Entre todos, repasaron lo ocurrido en ese suelo desde que lo compró Jove hasta que lo vendió.

Dijeron que era aquel un terreno «con un enorme potencial», pero colmado de problemas. Tenía okupas, muchos propietarios, embargos y, por si fuera poco, el suelo estaba calificado como rústico. En dos años, alcanzó un acuerdo con cada uno de los ocupantes para que abandonasen la tierra, solventó cada uno de los embargos que pesaban sobre muchas parcelas, presentó un proyecto previo de lo que quería hacer ahí, logró que el Ayuntamiento le declarase el suelo como urbanizable, consiguió que el Gobierno del estado de Baja California le diese licencia de edificabilidad, que además le otorgó el permiso de uso y disfrute de casi cuatro kilómetros de playa, a eso sumó el compromiso por escrito de abastecimiento de energía eléctrica y del agua. Logrado todo eso, presentó el proyecto a lo que aquí sería el Ministerio de Medio Ambiente. Era el último paso para poder comenzar a construir. Y «no ha habido ni un solo caso en la historia de ese estado que echase para atrás proyecto alguno», manifestó el ejecutivo de Fonatur, que añadió que el proyecto era «un sueño» para la zona.

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