¿Y ahora, qué? La vuelta al trabajo del Gobierno de Mariano Rajoy está llena de tareas por cumplir

El rescate bancario, los presupuestos estatales o la reforma energética son algunos de los asuntos que tendrán prioridad para el presidente del Gobierno


La decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda soberana si el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo pide y bajo condiciones estrictas, anticipada algunas jornadas por los inversores, ha dado un respiro en la presión de los mercados.

En tan solo cinco días, la prima de riesgo ha bajado 141 puntos y el Ibex-35, principal indicador de la Bolsa española, se ha apuntado un 6,23% de ganancia. Para que tan positiva evolución no sea un espejismo y porque los actuales niveles todavía reflejan fuertes tensiones, el Gabinete tiene que hacer frente a abundantes tareas, muchas de ellas demoradas desde hace tiempo. Incluso si se descarta una nueva etapa de ataques especuladores, ni España puede financiarse con el bono a diez años en el 5,6% de forma permanente, ni se puede considerar «normal» que el mercado de valores español sea el único entre los grandes del mundo que presenta pérdidas -un 7,98% de descenso- respecto al comienzo del ejercicio.

El calendario de los meses inmediatos viene colmado de citas decisivas.

Rescate bancario

La consultora Oliver Wyman detallará la próxima semana a los 14 grupos bancarios españoles los resultados del análisis que ha llevado a cabo sobre sus balances y la calidad de sus activos. Se estima que los requerimientos de capital arrojarán un total algo inferior a los 62.000 millones y que la parte del león corresponderá a las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, Banco de Valencia, Catalunya Caixa).

El presidente de Bankia ya solicitó 19.000 millones y podría haberse quedado corto, porque en los últimos tiempos se están reclasificando numerosos créditos para incorporarlos a la relación de problemáticos.

Entre los bancos, una mayoría da por seguro que superan el «examen» y es de prever que a la lista de peticionarios solo se añadan algunas instituciones que antes fueron cajas de ahorros.

El detalle de las necesidades se remitirá a Bruselas junto con la petición oficial de asistencia financiera por importe de 100.000 millones de euros, y el Ejecutivo comunitario afirma que los fondos se pueden librar en un par de semanas. Es casi seguro que sobrará dinero, pero no que pueda destinarse a otros fines.

Entretanto, y mientras las entidades solicitantes redactan planes de reestructuración, el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para cumplir otras condiciones como la creación del llamado banco malo para el que intenta captar el mayor número de socios de cuentas saneadas. Incógnitas como el descuento que se aplicará a los inmuebles, decisivas para la evolución del sector inmobiliario, se disiparán antes de noviembre.

Compra de deuda

El primer escollo a superar en las ayudas europeas es el pronunciamiento preliminar que el Tribunal de Karlsruhe hará el 12 de septiembre sobre el fondo de rescate para determinar si está sus funciones están en línea con la Constitución germana. Saldrá adelante, según la opinión mayoritaria. A continuación, al Gobierno de Rajoy le interesa sobremanera conocer la condicionalidad estricta que se impondrá a España si pide la compra ilimitada de deuda en el mercado secundario por parte del BCE, en combinación con los mecanismos que tienen capacidad para adquirirla directamente en las subastas del Tesoro. Está claro que esas exigencias habrá que cumplirlas a rajatabla.

La autoridad monetaria se ha dotado de un importante mecanismo para atar corto al demandante: solo piensa adquirir bonos de1 a 3 años de plazo y suspenderá el programa si el país beneficiario se desvía. La reunión informal que el Eurogrupo mantendrá en Chipre el 14 de septiembre puede dar alguna pista de los deberes impuestos a cambio del auxilio. No hay mucho margen de maniobra, porque España se encuentra en recesión, y ya ha aplicado alzas de impuestos en fecha reciente.

El Banco Central Europeo ha sugerido algunas medidas como la liberalización de los mercados, la desvinculación de los salarios de la evolución de los precios o la supresión de la retribución mínima. Acelerar los cambios en el sistema de pensiones, rebajar la proteccíón a los parados y recortar el gasto en las administraciones públicas son otras tantas recomendaciones que la Comisión Europea formula con insistencia.

Más Europa

El 12 de septiembre va a presentar el Ejecutivo comunitario los planes para avanzar hacia la unión bancaria europea, un proyecto del que España es entusiasta.

El Banco Central Europeo se convertirá en «el gran supervisor». Desde el próximo 1 de enero vigilará directamente a quienes hayan obtenido ayudas públicas, para extender la tutela a los de gran tamaño y posteriormente al resto. Pero, sobre todo, la unión bancaria permitirá a la UE disponer de un mecanismo de recapitalización directa de los bancos, un sistema de garantía de depósitos y una autoridad de reestructuración y liquidación bancarias que operarán en toda el área.

Rajoy confía en que la puesta en común de estos elementos impida que se propague la desconfianza y desincentive los ataques especulativos.

De llegar a tiempo, también evitaría a España pedir un rescate, incluso en su modalidad suave. En todo caso, hará posible no computar como deuda la asistencia financiera que recibirá España porque, una vez transferida la gestión de los recursos desde el actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) que tiene carácter temporal, hasta el permanente Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), este último puede recapitalizar directamente a los bancos sin pasar por los estados. Cuando exista un supervisor común, también se flexibilizará la compra de deuda soberana por parte de ambos fondos.

Presupuesto de ajuste

Septiembre es el mes en que el Gobierno ultima el anteproyecto de Presupuestos del Estado para el siguiente ejercicio. Los dos parámetros que marcarán las cuentas de 2013 son la reducción del déficit público en 1,8 puntos de Producto Interior Bruto, para dejarlo en el 4,5% de esa magnitud -apenas el 0,7% en las autonomías-, y el ajuste comprometido para ese año, cifrado en 38.956 millones de euros en el programa de estabilidad remitido a la Unión Europea.

Las dificultades se acumulan. No será fácil cumplir el déficit comprometido este año -6,2% del PIB- porque la recesión se ha agudizado. La recaudación es escasa, y las necesidades de gasto en protección aumentan. La proyección del Gobierno para el próximo año, que estima una caída de la actividad del 0,5%, quedará seguramente lejos de la realidad. Sin llegar a la proyección de la agencia Moody´s, que cifra el retroceso del PIB español en el 1,5%, tanto el FMI como la Comisión Europea calculan que el descenso será del 1%.

Reforma energética

Estaba previsto abordarla en el primer semestre del año, pero las diferencias entre los miembros del Gabinete la han ido retrasando. El déficit de tarifa acumulado suma 24.000 millones de euros, y puede engordar en 6.000 millones por año si no se le pone coto. Industria preparó un esquema de cambios basado en impuestos de distinta incidencia según tecnologías. Las renovables veían recortada su retribución porque el gravamen estaba fijado en función de la facturación. Su producción sale a mayor precio, a causa de las primas. Pero las generadoras tradicionales también quedaron descontentas, al plantearse una tasa sobre activos nucleares e hidráulicos y acaban de renunciar a la prórroga de la vida útil de la central de Garoña. La reforma no pasó la prueba del Consejo de Ministros por la oposición frontal del ministro de Hacienda a que otros le toquen los impuestos. La situación no admite más demoras.

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