Sanidad asegura que atenderá a los inmigrantes ilegales, pero cobrará la atención médica a su país de origen
ECONOMÍA
Los «sin papeles» serán atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre y cuando el médico considere que se trata de una urgencia o que el no recibir el tratamiento correspondiente supondría un riesgo vital para su salud
10 ago 2012 . Actualizado a las 21:08 h.La presión contra la exclusión de los sin papeles de la cobertura sanitaria comienza a dar resultados. El Gobierno da un paso atrás. Ahora asegura que los enfermos crónicos que requieran un tratamiento serán atendidos a pesar de encontrarse en situación irregular, siempre y cuando el médico considere que se trata de una urgencia o que el no recibir el tratamiento correspondiente supondría un riesgo vital para su salud. La factura será enviada a sus países de origen, según aseguró hoy el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. «Existen bastantes convenios de colaboración bilateral con otros países», explicó Rivero.
Sin embargo, aunque no exista convenio bilateral con el país de origen del paciente, este será atendido si el médico considera que supone un riesgo vital para su salud y después se determinará quién es el que financia esa asistencia o tratamiento. Cuando se presente esa situación, según el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno, el médico «no se va a fijar si hay un convenio de colaboración y bilateral» con el país del enfermo, sino que se fijará es «si es vital y urgente, si hay que tratar a ese paciente». «Es lo que se va a hacer, lo que el médico considere que tiene que hacer como urgencia vital. El tema administrativo no lo lleva el clínico, que si considera que un paciente tiene una urgencia no se pone a preguntar si tiene convenio o cartilla o no», ha añadido.
Estas declaraciones se suman a las del portavoz del PP, Manuel Cervera, que también ha garantizado que cualquier enfermedad grave o en proceso de tratamiento continuará siendo tratada aunque el paciente sea un inmigrante irregular. Sin embargo, la iniciativa es complicada de llevar a la práctica. La inestable situación política o económica de los países de origen de gran parte de los sin papeles no hace prever acuerdos sencillos.
En cualquier caso, los opositores a la normativa consideran que la iniciativa va en la buena dirección. El secretario general de la Sociedad Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, mostró su satisfacción por la nueva propuesta del Gobierno. «Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida». Tranche es uno de los más de 1.000 médicos objetores que han suscrito un documento en el que declaran su intención de seguir atendiendo a sus pacientes, aunque incumplan la normativa.
Y es que el decreto que entra en vigor el 1 de septiembre obliga a los sin papeles a pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud. También quedarían fuera del sistema los españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran firmar estos convenios.