Griñán denuncia que el techo de deuda supondría cerrar 19 hospitales
02 ago 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Las espadas siguen en alto tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el martes fijó el límite de deuda para las comunidades autónomas y que provocó la rebelión de Cataluña y Andalucía, seguidas de Asturias y Canarias. De hecho, como ya anunciara la consejera de Hacienda tras abandonar a la mitad la reunión, el Gobierno andaluz llevará al Constitucional los acuerdos adoptados, por considerarlos «discriminatorios» con la comunidad.
Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, emplazaron ayer al Ejecutivo a que «revise» los polémicos límites de endeudamiento fijados por el Ministerio de Hacienda y que, sostienen, suponen un claro perjuicio para las comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que premian precisamente a las que peor gestión han hecho -en manos del PP- y con Valencia como ejemplo.
«Es bien peculiar que los que han gestionado mejor tengan peor trato que los que han gestionado peor», declaró Rubalcaba, manifestando su perplejidad con que se les dé más margen (por encima de la media del 16 % del PIB el próximo año) a las comunidades más endeudadas, que no son las socialistas.
En este sentido, anunció que pedirán la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique los criterios utilizados para fijar los límites de deuda, ya que -aseguró- «son imposibles de entender». También reclamó al Gobierno de Rajoy que abandone su actitud de «ordeno y mando» y negocie con las comunidades en lugar de imponer medidas que se traducirán en recortes «dramáticos» para la ciudadanía.
Y precisamente de la traducción práctica que el límite de deuda impuesto para el próximo año a Andalucía (del 13,2 % de su PIB, es decir, casi dos puntos menos que el límite recogido en el plan de reequilibrio financiero aprobado en mayo, prácticamente 3.000 millones de euros menos), habló ayer el presidente de la comunidad. «Hemos dicho que no, porque de llevarse a cabo estas decisiones, habría que cerrar 19 hospitales -todos los del Servicio Andaluz de Salud-, o despedir a 60.000 empleados públicos, uno de cada cuatro trabajadores de la Junta de Andalucía, o cerrar la mitad de los colegios de la comunidad, y hablo de más de 2.000», relató José Antonio Griñán.
Pese a las críticas que le han llovido desde las comunidades gobernadas por el PP y a las advertencias de Montoro y su secretaria de Estado, Marta Fernández Currás, de que «todos tendrán que cumplir», Andalucía no tiene previsto hacerlo. De hecho, un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará hoy la adopción de cuantos recursos legales sean posibles contra las medidas acordadas en el CPFF del martes.