Cataluña rebaja la tensión y dice que está dispuesta a cumplir las exigencias

la voz

El Gobierno de la Generalitat trató de rebajar ayer la tensión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el plante de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, aclaró que la intención de la Generalitat no es declararse insumisa. Aseguró que quieren cumplir el objetivo del déficit y la deuda y explicó que la intención del plante era solo evidenciar la falta de diálogo del Gobierno. «Una cosa es que la Generalitat exprese su malestar no asistiendo a la reunión, algo que es lícito y comprensible, y otra que se intente confundir a la opinión pública diciendo que no queremos cumplir», señaló Recoder. El consejero insistió en que el «enfado» de la Generalitat se debe al trato «injusto» por parte del Gobierno, pero aseguró que eso no significa que Cataluña no «se arremangue» para cumplir con el techo de deuda.

El PP, ahora como una piña

El boicot de los consejeros catalanes y andaluces en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no solo ha abierto una brecha con el Gobierno, sino también con las autonomías gobernadas por el PP, que consideran insolidaria su postura de rechazar hacer el mismo esfuerzo que los demás. Conscientes del daño que le hizo a Rajoy el conato de rebelión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 12 de julio de comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León o Extremadura, que se abstuvieron en la votación, o de Galicia, que amenazó con hacer lo mismo, ayer todas las autonomías de los populares salieron como una piña en apoyo del Gobierno y en contra de Cataluña y Andalucía.

El cántabro Ignacio Diego calificó el plante de «irresponsabilidad» en un momento en el que «toca hacer un ejercicio de responsabilidad y sumarse al esfuerzo» de todos. El valenciano Alberto Fabra pidió también a Cataluña y Andalucía que sean «responsables» porque «nadie va a salir por sí solo de la crisis» El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, opinó también que cualquier incumplimiento supondría «quebrar el principio de solidaridad y perjudicar a aquellos que están haciendo esfuerzos con los ajustes».

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