Dispendios y excesos cavaron el agujero de la quiebra autonómica

Bruselas investiga en qué gastaron las comunidades las ayudas europeas


redacción / la voz

Con el agua al cuello. Así están los Gobiernos regionales de Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, que no podrán afrontar sus vencimientos de deuda de aquí a finales de año si no es con la ayuda del Gobierno central. No serán las únicas.

El alto endeudamiento de estas comunidades, que absorben buena parte de los 140.000 millones de deuda total que arrastra el conjunto de los 17 territorios, las coloca fuera de los mercados y les imposibilita financiarse si no es con ayuda estatal.

¿Cómo han llegado estos Gobiernos autonómicos a esta situación de quiebra técnica que amenaza con hacer caer como un castillo de naipes a buena parte de las comunidades (Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón ya lo han advertido)? Basta echar una mirada tres o cuatro años atrás para comprobar el origen de buena parte del agujero que ha dejado vacías las arcas regionales. En los años 2008 y el 2009, cuando la crisis mostraba sus fauces, y mientras EE.UU., Alemania o Gran Bretaña reforzaban su sistema financiero y recapitalizaban sus bancos, era raro el caso de una comunidad autónoma que no estuviese volcada en algún costoso proyecto o infraestructura megalómanas, pagada con cargo al Estado, a las propias comunidades o a fondos comunitarios. España vivía de espaldas al peligro y los Gobiernos autonómicos hicieron lo mismo.

Presión política regional

Solo de este modo se explica que la Comunidad Valenciana, la primera que ha pedido socorro al Estado, se dedicara a construir circuitos de carreras de coches de fórmula 1, actualmente en quiebra, o aeropuertos como el de Castellón, que nunca ha llegado a estar operativo, pese a haber enterrado bajo sus cimientos 180 millones de euros de dinero público.

Desde fuera lo ven muy claro. Hace apenas unos días, el periódico New York Times se refería a la colocación de la última pieza de la estatua creada por Juan Ripollés para el aeropuerto de Castellón (un avión de aluminio) como es «el símbolo de la ruina y el despilfarro en España». Consecuencia de una gestión ineficiente o, directamente, de un dispendio alentado por una larga década de bum de la construcción y el ladrillo, en España se han construido aeropuertos, carreteras y costosas líneas de alta velocidad a menudo bajo la presión de los políticos regionales, buscando mayor presencia en la red de transporte nacional. Hoy muchas de las nuevas autopistas están desiertas y solamente la quinta parte de los aeropuertos españoles tuvieron beneficios el año pasado.

El caso de Murcia, que reconoce una necesidad de financiación de entre 300 y 400 millones de euros, es sintomático de esta situación de desenfreno. El emblema del exceso, en este caso, es la macrourbanización Polaris World, un complejo residencial-turístico que hoy parece una ciudad fantasma. En la Comunidad de Murcia hay actualmente más de 70.000 viviendas sin vender, con un coste para las arcas autonómicas, que aportó financiación en urbanizaciones del litoral, por valor de más de 120 millones de euros.

¿Y Cataluña? ¿Qué ha hecho la Generalitat para necesitar un rescate estatal para poder afrontar sus vencimientos de deuda, que ascienden a 5.755 millones en el segundo semestre del año?

Según desvelaban ayer algunos medios catalanes, mientras aplica duros recortes en materia sanitaria, la Generalitat destina 150 millones de euros a la difusión del catalán; 256 millones a alquileres de sedes institucionales; 70 millones de euros en las polémicas embajadas de Cataluña en las principales capitales europeas y americanas; 37 millones en promover la independencia o 25 millones en un programa informático para gestionar el impuesto de sucesiones, que finalmente no funcionó y fue retirado.

Vencimientos

Estas van a ser, pues, las tres primeras comunidades que irán de cabeza al fondo de liquidez que acaba de aprobar el Gobierno, pero no serán las únicas. En datos globales, el conjunto de las comunidades tiene que encajar este año vencimientos de deuda por un volumen de casi 36.000 millones de euros, de los cuales 3.474 corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre y 12.364 al último trimestre del año, que es el que generará mayores problemas.

Por si fuera poco, en este escenario autonómico ya de por sí bastante revuelto, acaba de hacer acto de presencia la Comisión Europea, que ha enviado a España a una delegación de europarlamentarios para investigar y, en el mejor de los casos, certificar, que las ayudas concedidas durante los últimos años han sido correctamente administradas.

La visita, según fuentes europarlamentarias, se produce a raíz de un informe de Bruselas, que identificó a España como uno de los países con más errores en la gestión de las ayudas.

Las comunidades inspeccionadas son Madrid, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha, las más problemáticas, según las mismas fuentes. Según un análisis previo realizado por la Comisión Europea, tres Estados miembros (España, Italia y el Reino Unido) acumulan hasta el 59 % de los errores cuantificables identificados en los años 2006-2009 en el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión.

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