La ley de dependencia sufrió ayer su enésimo recorte. El Gobierno rebaja un 13 % la aportación del Estado al nivel mínimo de protección, es decir, el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad. Esta reducción significa que los Gobiernos regionales percibirán unos 200 millones de euros menos. La reducción de esta partida es una de las sorpresas en la normativa publicada en el BOE ayer.
A este nuevo ajuste hay que sumar los 283 millones suprimidos por el Ejecutivo a través de los Presupuestos Generales del Estado en marzo y que ya supuso un importante revés. Este nuevo tijeretazo ha levantado ampollas en las comunidades, incluso en las gobernadas por el PP. La consejera de Familia de Castilla y León, Milagros Marcos, criticó la medida por no haber sido informadas desde el ministerio que dirige Ana Mato. Y es que las arcas de las autonomías no tienen margen para compensar estas bajadas, máxime con la presión del Ejecutivo para que cumplan con el déficit.
El Gobierno justificó los recortes por la necesidad de «asegurar la sostenibilidad del sistema» y considera que las medidas «correctoras» deben implantarse de inmediato, pues su demora «agudizaría los problemas de cohesión, equidad y financiación». Y es que una de las obsesiones del ministerio ha sido tratar de unificar los criterios de todas las comunidades con la premisa de priorizar y lograr más con menos. Para cumplir con esa meta, Sanidad ha reducido la ayuda económica que reciben los cuidadores familiares un 15 %, lo que supone un ahorro de 285 millones de euros. Sin embargo, las comunidade tienen libertad para poder incrementar este porcentaje si lo consideran necesario.
Con esta modificación, un beneficiario de gran dependencia (el nivel de máxima atención) recibirá una prestación máxima de 442,59 euros. Sin embargo, un nuevo receptor con el mismo grado de dependencia solo podrá recibir 387,64 euros. Esa diferencia se debe a la simplificación de los niveles de dependencia, que pasarán de seis a tres: grado I (dependencia moderada), grado II (severa) y grado III (gran dependencia).
Por si no fuera suficiente con reducir las ayudas, el decreto endurece el acceso a las mismas con nuevos requisitos para los cuidadores familiares. Para ser receptores de ayudas deberán demostrar que viven con la persona dependiente, que pueden cuidarla, que tienen formación y que deben someterse a un seguimiento. Los criterios para recibir esta ayuda se basarán en la renta y el patrimonio.