El Gobierno crea un fondo de 18.000 millones de euros para garantizar la deuda de las comunidades
ECONOMÍA
Las diputaciones provinciales gestionarán los servicios de todos los ayuntamientos que no los presten con la suficiente calidad
14 jul 2012 . Actualizado a las 00:13 h.El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de un fondo para garantizar la deuda de las comunidades con problemas de liquidez. El Gobierno ha rechazado finalmente la posibilidad de crear los llamados hispabonos, que habrían supuesto una mutualización de la deuda autonómica, y se ha decantado por este sistema. A este nuevo fondo podrán adherirse voluntariamente las comunidades que no puedan atender a algún vencimiento de deuda. Eso implicará que tendrán que someterse a la obligación de tomar medidas adicionales para reducir su déficit y presentar un plan de ajuste que, de no cumplirse, podría ocasionar su intervención.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha calculado en 18.000 millones de euros la cantidad que podrían llegar a solicitar las comunidades en las que se han detectado mayores problemas de liquidez y esa será por tanto la dotación del fondo. Un total de 6.000 millones de esa cantidad se cubrirá con un anticipo de Loterías y Apuestas del Estado a cuenta de sus futuros ingresos y el resto lo cubrirá el Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha querido especificar cuáles son las comunidades a las que se les ha detectado una desviación importante respecto al objetivo de déficit para el 2012, fijado en el 1,5 %, pero ha aclarado que el Gobierno se reunirá con ellas de forma unilateral para estudiar las medidas que deberán tomar para corregir esa situación.
Reforma de la adminsitración local
El Consejo de Ministros ha aprobado también la ley de reforma de la Administración local, que modifica la actual Ley de Bases de Régimen Local. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que la norma incluye la reducción del número de concejales en un 30%, tal y como anunció Rajoy, pero precisó algunas otras cuestiones como la puesta en marcha de un baremo de calidad para evaluar la prestación de servicios públicos. Esa evaluación estará en manos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que a juicio del Gobierno no estén cumpliendo con los baremos de calidad establecidos tendrán que ceder la competencia para prestar esos servicios a las diputaciones provinciales, que actuarán así como gestoras para centralizar la prestación del servicio. Eso supondrá que se eliminarán todas las mancomunidades y otros organismos similares, además de las pedanías. Esos órganos intermedios, según el ministro «no tienen mucho sentido» y crean además una estructura «demasiado opaca» que no rinde cuentas de sus actividades.
Para mejorar la objetividad en el control de las cuentas públicas, los interventores y los secretarios municipales pasarán a ser dependientes del Estado. Algo que, según ha dicho Montoro, ya estaba antes en la legislación y nunca debió cambiarse. Según el ministro, la ley servirá para que los ayuntamientos «no hagan aquello que queda fuera de sus competencias».