Del 30 al 50 % de quita para los accionistas y clientes de preferentes

Bruselas deja abierta la posibilidad de que el Estado compense a los afectados


redacción / la voz

«Los tenedores de acciones, títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas sufrirán quitas». Este párrafo, incluido en el borrador del Memorado de Entendimiento (MOU) cerrado durante la madrugada del martes por el Eurogrupo, confirma lo que la troika ya ha hecho valer en los anteriores rescates a bancos de Grecia y Portugal, y es que los titulares de participaciones preferentes de entidades rescatadas tendrán que costear la recapitalización con parte de sus inversiones o ahorros.

«Deben tomarse medidas para minimizar el coste que los contribuyentes asumen de la reestructuración bancaria», señala el documento en el que se recogen las condiciones de la ayuda financiera a España.

Esta medida solo afecta a las entidades que finalmente soliciten ayudas, y exime a los bancos que no la necesiten, señala el texto, en el que se insta al Gobierno español a tomar las «medidas legislativas necesarias» para obligar a los accionistas y a los titulares de preferentes a asumir la mencionada quita, si no fuera posible alcanzar el reparto de la carga esperada de manera voluntaria.

¿Qué significa la quita y por qué afecta a titulares de preferentes?

Significa que el ahorrador o inversor que haya adquirido este producto en una entidad que ahora va a ser rescatada (NCG Banco, Bankia, Catalunya Caixa o Banco de Valencia, entre otras) se verá obligado a renunciar a una parte de su dinero. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea exige que los costes de recapitalización de las entidades que reciben ayudas públicas para sanearse sean asumidos en parte por sus accionistas y los tenedores de otros títulos que computen como capital. El objetivo de Bruselas es que el coste para el contribuyente sea el menor posible.

¿Qué coste tendrán la quita para inversores y ahorradores?

El memorando no lo especifica, pero Bruselas podría decidir el porcentaje de la quita de forma individual, entidad por entidad. Fuentes financieras consultadas estiman que el coste medio podría situarse en torno al 30 %, aunque recuerdan el caso de Grecia, en el que los accionistas tuvieron que costear la recapitalización con la pérdida de más de un 50 % de sus inversiones.

¿Cómo se ha hecho en casos anteriores, como Portugal o Grecia?

En todos los casos, el inversor ha perdido parte de su dinero. Es decir, si compró participaciones preferentes por 5.000 euros, la entidad podría recomprarle una parte de esa inversión, cambiando los títulos por otros productos como acciones o depósitos, pero otra parte de la inversión no la recuperará. Por ejemplo, podría recibir acciones por valor de 4.000 euros y perder los 1.000 restantes.

¿Qué puede hacer el Gobierno, puede ofrecer alguna compensación?

Cabe la posibilidad de que el Gobierno llegue a una solución política y decidida recomprar las participaciones preferentes, al menos en los casos en los que se demuestre que fueron mal vendidas, pero Bruselas no permite que se haga con el dinero habilitado para el rescate a los bancos sino que la compensación tendría que correr a cargo de los Presupuestos del Estado.

¿Qué ocurre con la querella colectiva y las denuncias en Consumo?

Tanto la querella colectiva presentada contra NCG, en representación de más de 40.000 afectados por la compra de preferentes en Galicia (el fiscal pide una fianza de más de 1.000 millones a la entidad), como las denuncias presentadas ante las oficinas de Consumo siguen su curso y no se verán alteradas. La vía del arbitraje se perfila como la solución más factible a corto plazo, siempre que el afectado consiga demostrar que fue víctima de una mala venta.

¿Qué opinan los afectados por la quita anunciada por Bruselas?

Preocupación es el sentimiento generalizado. Portavoces de varias plataformas de afectados en Galicia consultados han insistido en su exigencia de que les devuelvan la totalidad del dinero invertido porque fueron «engañados» a la hora de adquirir las preferentes y obligaciones subordinadas. Ni siquiera contemplan la opción del canje por acciones u otro tipo de productos, porque insisten en que la mayoría de los afectados son «ahorradores de toda la vida» que lo que menos querían era «arriesgar» su dinero.

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