La UE retira competencias a España y tutelará la reestructuración de la banca

Agencias

ECONOMÍA

De Guindos, tras la reunión del Ecofin
De Guindos, tras la reunión del Ecofin THIERRY ROGE

Europa reforzará claramente su supervisión de los bancos españoles y el cumplimiento de 32 condiciones a cambio de la ayuda. En agosto, el Gobierno debe presentar un plan para las entidades intervenidas

11 jul 2012 . Actualizado a las 00:02 h.

El Eurogrupo ha determinado que el Ministerio de Economía español deberá transferir antes de final de año al Banco de España poderes sancionadores y capacidad para dar licencias bancarias, según las condiciones pactadas para recibir ayuda financiera. «Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España», asegura el Memorando de Entendimiento acordado la pasada madrugada.

Fuentes europeas han admitido que las condiciones para España fijadas en el memorando de entendimiento del Eurogrupo son «más duras de lo que se esperaba» a priori pero también más suaves que las que se ha establecido para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre.

El Eurogrupo exige en el texto a España dar más poderes a su banco central, que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento. El Eurogrupo ha establecido que España tendrá que cumplir otras 31 condiciones a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para recapitalizar su sector bancario. El Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas, estará obligado a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía.

«Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España», asegura el Memorando de Entendimiento. Este proceso, que debe repasar los procedimientos de supervisión y toma de decisiones, deberá llevarse a cabo antes del fin de octubre. En paralelo, Europa reforzará claramente su supervisión del sector bancario español y el cumplimiento de todo lo acordado a cambio de la ayuda.

Así, una suerte de troika -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- «verificará en intervalos regulares las condiciones» vinculadas al plan y su cumplimiento con «misiones» e informes trimestrales por parte de España.

España deberá ofrecer los datos necesarios para vigilar a los bancos

«La revisión de las actividades del FROB (Fondo Ordenado de Resolución Bancaria) en el contexto del programa serán regulares», señala el Memorando, cuya firma definitiva está prevista para el 20 de este mes. Además, el acuerdo señala que las autoridades españolas ofrecerán «a la CE, el BCE, la EBA y el FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación».

Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones. El Memorando recoge toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa. Por ejemplo, se tendrán que dar datos semanalmente sobre depósitos bancarios y sobre la situación de liquidez de las entidades.

Las condiciones del rescate

El Eurogrupo exige que las medidas deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene. Entre las primeras exigencias que tendrá que cumplir España este mismo mes figura la de supervisar la totalidad del sistema bancario, en especial las entidades de naturaleza sistémica. Entre julio y agosto, tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia). También se prevé una mejora del gobierno de las entidades y una reestructuración operativa a través de la reducción del número de oficinas y el recorte de personal. Los bancos ayudados deberán asumir las pérdidas antes de recibir la asistencia y vender sus activos que no sean estratégicos, así como dejar de pagar dividendos, según el Eurogrupo.

Estos planes se elaborarán sobre la base de las pruebas de resistencia efectuadas a las entidades y tendrán que ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre. Todas las instituciones crediticias estarán asimismo sujetas a requisitos más fuertes y comunes de revelación de información en áreas clave de las carteras como créditos reestructurados y refinanciados y concentración social. Tendrán también que facilitar información para que las consultoras puedan llevar a cabo las pruebas de resistencia.

Antes de finales de agosto, el Eurogrupo estima que España deberá disponer de una legislación que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de acciones preferentes, así como reforzar el marco de resolución bancaria para ensalzar el papel del FROB y del fondo de garantía de depósitos. Otro de los requisitos a más corto plazo será la elaboración de un proyecto completo y un marco legislativo para establecer compañías de gestión de activos, que actuarían como «bancos malos» y permitirían segregar los activos tóxicos fruto de la burbuja inmobiliaria. Dicho banco malo debe ser «plenamente operativo en noviembre del 2012».

Además, España tendrá que emprender en los próximos meses una reforma según la cual las cajas de ahorros dejen de controlar sus bancos comerciales, según los términos del acuerdo para la ayuda financiera europea a la banca española. El Eurogrupo establece también que las autoridades españolas se comprometan a limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de todas las entidades que reciban ayudas.

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