El fiscal solicita medidas cautelares para proteger a los consumidores
04 jul 2012 . Actualizado a las 11:20 h.La Fiscalía Superior de Galicia presentó ayer ante el decanato de los juzgados de A Coruña la demanda civil de acción colectiva contra Novagalicia Banco por la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas perpetuas a través de las entidades Caixanova y Caixa Galicia que dieron lugar a la fusionada Novacaixagalicia y, posteriormente, a NCG Banco.
Fuentes conocedoras de la querella han explicado que el contenido de la demanda, que supera los 160 folios (será dado a conocer el próximo viernes por el fiscal superior, Carlos Varela), incluye, a modo de medidas cautelares, la petición de una cantidad económica por un importe que podría ser similar al total reclamado, es decir, casi 1.000 millones de euros, que la entidad tendría que depositar por las responsabilidades que pueda determinar la ley.
Las mismas fuentes aseguran que, en la extensa documentación aportada, figuran hasta 1.700 contratos de venta de este producto financiero tóxico a clientes particulares, además de comunicaciones internas emitidas por la entidad y firmadas por algunos de sus exdirectivos, instando a los empleados a comercializar las participaciones entre el círculo de clientes minoristas y ahorradores particulares de la entidad.
NCG Banco tiene 43.000 clientes con participaciones preferentes y obligaciones subordinadas perpetuas, por un volumen total de 961.598.475 euros, según la entidad.
Para la preparación de la demanda civil, la Fiscalía ha analizado contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo, la Fiscalía de Pontevedra, que abrió diligencias informativas el pasado mes de febrero, y por la Adicae.
Hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió un decreto a todas las fiscalías para que se personasen en materia de consumo cuando se viera afectado un «colectivo amplio» de personas, como es el caso de las participaciones preferentes.
En esta acción judicial se solicitará la nulidad de las «cláusulas abusivas» contra los consumidores de estos productos.
En Galicia hay otros 27.000 afectados por la compra de preferentes en otras entidades financieras. Sus demandas deberán dirigirse a la Fiscalía General del Estado.