Abierta la vía penal para condenar la venta de preferentes a analfabetos
ECONOMÍA
Varios de estos casos se han constatado en la comunidad gallega
03 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Las demandas presentadas por los clientes de participaciones preferentes que no pueden recuperar su dinero seguirán de forma mayoritaria la vía civil, a través de la legislación de consumo, pero para «ciertos casos», el Ministerio Fiscal no descarta pedir penas de prisión. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, lo avanzó el pasado viernes a un grupo de manifestantes concentrados en Santander, y fuentes judiciales consultadas aseguran que la determinación por depurar responsabilidades «hasta las últimas consecuencias» es firme.
«Torres Dulce se ha tomado el asunto con un empeño personal», aseguran. Y esa es la conclusión que se deduce de las palabras que el fiscal dirigió a los clientes afectados. «Les quiero asegurar que estamos examinando caso por caso de forma concreta y determinada; y no descartamos, porque lo estamos investigando, algunos casos penales», manifestó con insistencia. Para muestra recordó a los allí presentes que «he tomado la iniciativa en Sevilla y en Galicia cuando nadie la había tomado».
La cuestión es: ¿qué casos concretos son susceptibles de enfilar la vía penal?
Fuentes judiciales consultadas explican que, según la investigación abierta por la Fiscalía, entre los clientes afectados se establecen dos grupos diferenciados: el de los inversores plenamente conocedores del producto y que lo contrataron por considerarlo una opción ventajosa de negocio, por su elevada rentabilidad; y el de los ahorradores minoristas sin conocimientos y sin información suficiente sobre el producto que estaban adquiriendo. Este es el colectivo prioritario de atención del fiscal. «Los casos más claros en los que se podría pedir prisión son aquellos en los que ha quedado demostrado que el cliente no solo no sabía lo que compraba sino que, directamente, era analfabeto, como lo demuestran varios contratos que han sido incorporados a la documentación enviada a la Fiscalía», explican las mismas fuentes. Varios de estos casos se han constatado en la comunidad gallega. La Fiscalía Superior de Galicia trabaja en el borrador de una demanda colectiva que representa a más de 40.000 afectados. Esto es así porque solo Novagalicia Banco tiene 43.000 clientes registrados con participaciones preferentes y obligaciones subordinadas perpetuas, por un volumen total de 961.598.475 euros, según datos de la propia entidad.
El problema es que, al tratarse de un banco nacionalizado, necesita la autorización de la Comisión Europea para poder dar salida a otra alternativa diferente al pago del valor de las preferentes al precio del mercado actual, ínfimo o prácticamente inexistente, algo que, pese a los intentos de la entidad, todavía no ha prosperado.
Pero el número de afectados en Galicia es superior, cerca de 70.000, puesto que son 16 bancos los que han colocado este producto, que ofrecía una retribución fija (según beneficios) y cuya duración es perpetua.