El 3 de mayo del 2011, el entonces primer ministro portugués, José Sócrates, anunció un acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y el FMI para un plan de ayuda financiera a Portugal. El rescate ascendería a 78.000 millones de euros en tres años «y no exigirá a cambio grandes sacrificios sociales», afirmó el líder socialista.
Solo dos días después, el 5 de mayo, los negociadores de la Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo desvelaron las claves ocultas del rescate: un plan de ajuste que incluía, entre otras medidas, la congelación de los salarios a los funcionarios y de las pensiones hasta el 2013, un recorte sanitario de 900 millones, y la reducción de la prestación por desempleo.
Ayuda a cambio de ajustes
Sócrates apenas duró un mes más en el poder. Fue relevado por una coalición de centroderecha liderada por Pedro Passos Coelho que, a los 25 días de gobierno, y acuciado por las condiciones de austeridad impuestas por la troika para inyectar la primera entrega del rescate al Estado, anuncia un impuesto especial del 50 % sobre la paga extra de Navidad de todos los trabajadores portugueses.
Los ajustes se suceden durante el mes de agosto: subida del gas, la electricidad y del IVA reducido, que pasa del 5 al 23 %. La troika, satisfecha con las medidas, aprueba un tramo de ayuda a Portugal de 3.980 millones, pero exige a Lisboa un ahorro de 1.000 millones en el 2012 para asegurarse un objetivo de déficit del 4,5 % y una nueva entrega del rescate, que llega en noviembre, con 6.000 millones más.
Tras suprimir la paga de Navidad para funcionarios y jubilados, eliminar la ayuda a la natalidad e incrementar el copago sanitario, en febrero de este año, Portugal anuncia que supera el tercer examen realizado por los emisarios del BCE, FMI y Comisión Europea. La troika confirma la aprobación del tercer tramo de ayudas por un importe de 14.900 millones de euros.
Un año después del rescate, Portugal pasa del 12 al 15 % de paro y una contracción del PIB del 3,9 %. Pero sus ajustes son merecedores del visto bueno de la troika, que en junio aprobó la cuarta entrega: 4.000 millones.