Las partes tienen seis meses antes de acudir al arbitraje internacional
16 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Nos dirigimos a Su Excelencia con el fin de notificarle la existencia de una controversia entre Repsol y Argentina». Por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner estaba al cabo de la calle de un conflicto instigado por ella. Pero con esta declaración formal, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, daba inicio ayer al proceso para demandar a Argentina ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, y someter la expropiación de las acciones de Repsol en YPF al arbitraje internacional.
Antes de acabar en el CIADI se abre un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo. Durante el período en el que se intenta llegar a un «arreglo amigable», el Estado argentino «deberá abstenerse de cualquier nuevo acto u omisión perjudicial para Repsol», advierte la empresa española en su carta a la presidenta argentina.
La petrolera denuncia que Argentina violó el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina. «La expropiación es ilícita y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas en el tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria», dice.
Compromisos rotos
En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los Estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro «más neutral» que el que dan los tribunales del país.
La petrolera española reclama una compensación de 10.500 millones de dólares (alrededor de 8.200 millones de euros) por su participación del 51 % en YPF y no descarta añadir otras cantidades. El viceministro argentino de Economía y ahora también interventor de YPF, Axel Kicillof, afirmó en abril que Argentina «no va a pagar» lo que quiere Repsol.
Cuando se decidió la nacionalización, Kicillof argumentó que Repsol había pagado 13.200 millones de dólares por su participación en YPF al privatizarse esta compañía en 1999, pero que había recuperado vía dividendo 15.700 millones, por lo que no se le debía nada. El Gobierno argentino también alegó una falta de inversiones por parte de la petrolera española, acusación de la que se defiende Repsol con el yacimiento Vaca Muerta. Fue el mayor descubrimiento mundial en el 2011 en recursos no convencionales, fruto precisamente de las inversiones realizadas, según explica la petrolera, a pesar de los precios artificialmente bajos impuestos por el Gobierno desde el 2002.
En su carta, Brufau acusa al Gobierno argentino y a los de las provincias de «revocación arbitraria de áreas concesionadas, campañas públicas de desprestigio, controles de precios y confiscación de concesiones de manera coordinada y políticamente motivadas».