Cataluña y Andalucía adelgazan sus cuentas para aprobar el examen de déficit del Ejecutivo

Los empleados públicos vuelven a ser los principales afectados por los recortes


LA VOZ / Redacción

El Govern catalán y la Junta de Andalucía han decidido hacer los deberes para cumplir con la exigencia del 1,5 % del déficit previsto por el Gobierno central para las comunidades autónomas, un asunto que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el jueves.

Ambas comunidades han aprobado sus respectivos planes de ajuste con una diferencia en el recorte bastante apreciable: ni más ni menos que mil millones de euros. Mientras la comunidad andaluza aprieta el cinto hasta dejarlo en el agujero de los 2.500 millones, Cataluña se lo ciñe un poco menos, en torno a los 1.500 millones, algo que según el presidente del gobierno autonómico, Artur Mas, garantiza a los catalanes que este plan, aun provocando «incomodidades», no traspasará las «líneas rojas» de los derechos básicos y los servicios esenciales. El Gobierno catalán ha dicho sentirse obligado a aplicar estos ajustes y dirige el dedo acusador hacia el Gobierno actual y también el anterior.

Cataluña obedece al Gobierno central pero incorpora medidas propias

El presidente Mas ha puesto en duda una vez más las cifras aportadas desde Madrid, pero, haciendo de tripas corazón, ha presentado unas medidas de ahorro que tanto en materia de sanidad como educación se acercan bastante a las impulsadas por el Ejecutivo central. De esta manera y al contrario que el Gobierno andaluz, que ya ha anunciado que busca ante todo preservar la calidad del sistema educativo público y que por tanto no aumentará el número de alumnos por clase, el Governincrementará el número de niños por aula y encarecerá las matrículas universitarias.

Incluso optando por obedecer al Ejecutivo de Rajoy, Mas le ha advertido que no aceptará «lecciones» sobre el déficit y se ha aventurado a incorporar varias medidas «de cosecha propia», que incluyen la congelación de la concesión de subvenciones, privatizaciones de patrimonio de la Generalitat y la reducción de plantillas de las empresas públicas. Los funcionarios, sin duda, serán los más perjudicados por las medidas, pues además de posibles despidos verán reducidas sus pagas extra en un 5%. En cifra similar verán perjudicadas sus nóminas los funcionarios del Estado que reciben complementos autonómicos.

Andalucía pide un esfuerzo solidario a los empleados públicos

La contención del déficit en Andalucía supone aumentar el ajuste hasta unos drásticos 2.500 millones que representan el 12 % de los presupuestos autonómicos para 2012. El Gobierno andaluz prevé aumentar la partida de ingresos gracias a un aumento del IRPF para aquellas rentas superiores a los 60.000 y los 120.000 euros anuales, si bien el control y el ahorro, más que gracias a la subida de impuestos, vendrá dado por los recortes, que afectarán de nuevo principalmente a los trabajadores públicos, a los que se les pide un esfuerzo y mucha solidaridad para superar el bache.

Con su actuación la Junta busca ante todo no destruir empleo, aunque sí ha anunciado una supresión de altos cargos delegados a raíz de la reducción de consejerías. Entre las medidas previstas se contempla un aumento flexible de la jornada laboral hasta alcanzar las 37,5 horas semanales y una reducción en las nóminas del sector público que podrá ser incluso superior a las prevista en Cataluña. Se habla así de una bajada salarial de hasta el 6,5 % según las categorías, que en el caso de tratarse de personal laboral funcionario interino y temporal alcanzará el 15 % al ver también reducida su jornada laboral.

Al igual que la Generalitat, la Junta ha anunciado también la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias y la reducción de aquellos complementos que no constituyan parte del salario básico. Por último se suspenderá la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración del Estado, lo que supondrá un recorte del 5 % en las retribuciones del presidente de la Junta, los consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.

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