Los especialistas estiman que necesitará entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para recuperar los niveles de producción y exploración
04 may 2012 . Actualizado a las 19:03 h.El gobierno argentino recibió un fuerte impulso con la abrumadora aprobación parlamentaria de la nacionalización de las acciones de la petrolera YPF en manos del grupo español Repsol, que deberá capitalizar ahora para enfrentar los desafíos de reactivar la producción hidrocarburífera, recuperar la confianza para atraer inversiones y normalizar la relación con Madrid.
En una nueva vuelta de la historia, el kirchnerismo y gran parte de la oposición respaldaron la recuperación de la petrolera que había sido privatizada en la década del 90 por el presidente peronista Carlos Menem (1989-1999), entonces también con apoyo del Congreso y de las provincias productoras, entre ellas la Santa Cruz gobernada en aquel momento por Néstor Kirchner. «YPF tiene que estar alineada a los intereses del país, nos va a exigir un gran desafío. Necesitamos que sea moderna y competitiva», advirtió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Estado argentino controlará ahora el 51 por ciento de las acciones de YPF, Repsol se queda con poco más del 6 por ciento, mientras que el Grupo Petersen, de la familia argentina Ezkenazi, posee el 25,47 por ciento y otro 17,11 por ciento está en poder de otros inversores.
«YPF tiene que estar alineada a los intereses del país, nos va a exigir un gran desafío»
Los especialistas estiman que se necesitarán importantes inversiones en el corto y mediano plazo, de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, para recuperar los niveles de producción y exploración. También para obtener la tecnología moderna necesaria para extraer las enormes reservas de «shale oil» hallados en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En lo inmediato, la urgencia que enfrenta la nueva YPF en manos del Estado argentino es garantizar el abastecimiento de combustible -que desde tiempo sure carencias- y de gas para el inminente invierno austral.
La decisión de Repsol de suspender el envío de unos diez barcos metaneros que había acordado para abastecer de gas natural licuado a la Argentina este invierno pone al gobierno en el apriete de reemplazar este fluido con mayores importaciones de Bolivia y un aumento de la producción local.
Más allá de los apuros inmediatos, la nueva ley estipula el diseño de una política hidrocarburífera que probablemente transformará el negocio local. Uno de sus principales desafíos será regenerar el clima de confianza para atraer las millonarias inversiones que demandará la explotación. Una tarea compleja ante la dura reacción que mostró España, respaldada por la Unión Europea, tras la decisión de Kirchner de nacionalizar YPF.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, insistió en las últimas horas en que se llegue a una solución negociada y se pague el precio justo por las acciones expropiadas a Repsol.
«No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa.»
El presidente de la compañía española, Antonio Brufau, reclama unos 10.500 millones de dólares, pero el valor a pagar será definido por el Tribunal Nacional de Tasaciones y todo hace prever un largo proceso judicial hasta que se fije el precio final. «No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está?», cuestionó el viceministro de Economía y cointerventor de YPF, Axel Kicillof. El funcionario precisó además que Repsol, desde su ingreso a YPF en 1998, invirtió 13.000 millones de dólares y retiró 22.000 millones.
YPF es la empresa de mayor facturación en Argentina y el mayor empleador. Su producción de petróleo cayó del 42 por ciento del total nacional en 1997 al 34 por ciento en 2011, mientras que en el negocio del gas bajó del 35 al 23 por ciento. Las reservas de petróleo de Repsol-YPF se redujeron en un 50 por ciento entre 2001 y 2011. «Desde que se desnacionalizó YPF, por primera vez en 2011 la Argentina se convirtió en importador neto de gas y petróleo con 3.029 millones de dólares de déficit» debido a que se debió importar hidrocarburos por más de 9.000 millones de dólares, señaló la presidenta. Los millonarios dividendos obtenidos por YPF en 2011, que no fueron repartidos aún, podrían ser utilizados por el Estado para financiar el rojo en momentos en que las arcas fiscales comienzan a sentir la falta de fondos, según estiman analistas financieros.