España cambia de estrategia en el conflicto con Argentina por la nacionalización de YPF
ECONOMÍA
Suavizó su discurso hacia el país latinoamericano, frente al que las presiones se dirigen ahora a conseguir que pague la indemnización que considera justa
25 abr 2012 . Actualizado a las 06:56 h.España ha decidido cambiar de estrategia en el contencioso por la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno de Argentina y ayer suavizó su discurso hacia el país latinoamericano, frente al que las presiones se dirigen ahora a conseguir que pague la indemnización que considera justa. «El objetivo ha sido, es y va a seguir siendo, mantener las mejores relaciones con todos los Gobiernos, incluido el de Argentina», lo que no impide al Ejecutivo defender los intereses de empresas españolas allí donde esté, cuando sufran hostilidades por parte de las autoridades, dijo ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Soria no desveló en su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso la hoja de ruta de futuras medidas contra la expropiación de YPF, pero logró captar con su relato de los hechos el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas «en defensa de la seguridad jurídica y el orden internacional» y contra las formas en que se ha llevado a cabo esa incautación. Admitió Soria que la orden ministerial promotora del biodiésel comunitario, la única decisión efectiva adoptada de momento, la dejó el Gobierno del PP en el cajón, pese a que estaba dispuesta por parte del Ejecutivo anterior, para no dar pie a que pudiera ser tomada como causa del expolio.
Junto a la incondicional adhesión del PP, Soria recibió el aliento del portavoz socialista, que dio lectura a párrafos completos de un artículo del premio nobel Mario Vargas Llosa, en su denuncia de la «política populista» de un Gobierno que acerca a Argentina «al abismo». También el representante de CiU, Josep Sánchez Libre, se alineó con estas tesis, y exigió que la petrolera presidida por Antonio Brufau logre cobrar el justo precio, frente a la actuación de «confiscación y rapiña» del Ejecutivo Kirchner.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, también presente en la Comisión, insistió una vez más en que las medidas «se adoptan, pero no se anuncian».