La Eurocámara propone acabar con las ventajas aduaneras que la UE ofrece a Buenos Aires


bruselas / servicio especial

La Eurocámara abrió ayer la veda de sanciones a Argentina por la expropiación de YPF, la estratégica filial argentina de Repsol. A diferencia de los técnicos de la Comisión Europea, los parlamentarios sí creen que se pueden poner en marcha medidas de represalia a nivel comunitario contra una decisión que creen que va a «enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento» en el que se basan las relaciones entre Buenos Aires y Bruselas.

La resolución adoptada por amplia mayoría pide a los Gobiernos y al Ejecutivo comunitario que estudien la «suspensión parcial de las preferencias tarifarias» de las que Argentina disfruta por el momento. Esos aranceles bajos permiten al país austral exportar a la Unión Europea bienes y servicios por valor de 12.000 millones al año. Pero se permiten por la condición de país en vías de desarrollo que Argentina ya no cumple, por lo que su suspensión estaba de todos modos prevista para el 2014. El Partido Popular Europeo calcula que, de aprobarse, la sanción afectaría a 2.400 millones de euros en productos importados.

Por separado

Aunque el voto del informe recibió 458 votos a favor y tan solo 71 en contra, el apoyo al enfado del Gobierno de Mariano Rajoy tiene matices. Los eurodiputados socialistas españoles pidieron votar por separado el párrafo de las sanciones, y se manifestaron en contra, ya que prefieren «una solución del conflicto basada en el diálogo y la negociación», en palabras del parlamentario Enrique Guerrero. Sin embargo, tras ver como naufragaba su propuesta, votaron a favor en el turno final, sanciones incluidas.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, lideró la oposición de su grupo parlamentario. Según Miranda, miembro de los Verdes-Alianza Libre Europeos, debe primar «o dereito dos pobos a exercer a súa soberanía para xestionar os propios recursos enerxéticos en beneficio da súa cidadanía, en particular cando, como neste caso, hai unha diverxencia evidente entre intereses públicos e privados».

Junto a Raúl Romeva, también de ALE, y la Izquierda Unitaria, Miranda fue la única diputada que defendió a Argentina en el debate del pasado miércoles, postura que le valió fuertes reproches conservadores. Según ella, «YPF non cumpriu os seus acordos de investimento», pese a obtener un beneficio de 16.000 millones de euros en poco más de una década. Los parlamentarios del PP, que impulsaban la resolución más dura, enmarcaron su rechazo a la expropiación en la reprimenda que ya han ofrecido líderes y portavoces del resto de instituciones.

«El Parlamento insta a la Comisión y al Consejo a estudiar y adoptar (...) cuantas medidas sean necesarias para evitar situaciones como la actual, incluida la (...) suspensión parcial de las preferencias arancelarias

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