La iniciativa del Gobierno argentino aclara que YPF seguirá funcionando como «sociedad anónima abierta» y que la expropiación se justifica por el «interés público». La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto del proyecto de ley, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a «adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos» y la «continuidad operativa».
El 57,43 %
Sin embargo, el texto no aclara qué parte del capital de la empresa se expropiará. El 57,43 % está en manos de Repsol; hay un 0,02 % propiedad del Estado argentino; un 25,46% pertenece al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y el 17,09 % circula en bolsa. Repsol sostiene que el 51?% de YPF que Kirchner planea expropiar corresponde íntegramente a su participación en la compañía, que se vería así reducida a entre el 6 % y el 7 %. Varios medios argentinos avalaron ayer esa tesis.