El anuncio del ministro de Industria no tardó en recibir respuesta por parte de las asociaciones de consumidores, cuya reacción fue inmediata. Facua recordó que en el 2011 las tarifas subieron un 11,8 %, lo que, sumado a los «desproporcionados» incrementos anteriores, hace que un consumidor con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) pase a pagar al mes 73,99 euros, con alza de 60 euros al año, una vez incorporados los impuestos indirectos.
Los aumentos no son acordes con la evolución de la economía de las familias, cada vez más afectadas por la merma de sus ingresos, argumentó la asociación. Cierto que el bono social sigue existiendo -y supone la congelación de la tarifa para las unidades familiares con todos los miembros en paro, entre otros colectivos-, pero la crisis no solo afecta a los parados, sino al conjunto de hogares que están viendo reducidas sus rentas, no solo por el desempleo, un mes tras otro.
«Varapalo»
La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, por su parte, afirmó que la subida supone un «varapalo» para el bolsillo del consumidor y llega en «uno de los peores momentos de la historia económica» del país para miles de familias y pequeñas empresas. En este sentido, recordó también que los consumidores ya han sufrido y soportado un incremento del 50 % en la factura de la luz desde el 2008. Izverniceanu pidió también al Gobierno que la que se aplicará en abril sea la última subida del año, «porque no se puede asumir» otro incremento y supondría «mandar a la quiebra familiar a muchísimas economías domésticas». La portavoz de la organización sugirió también al ministro que ha llegado «el momento de apretar» a las compañías eléctricas.