Transcurrido más tiempo del razonable, y ante la ya más que evidente necesidad de reforzar el sistema financiero español, en febrero del 2011 el anterior Gobierno socialista aprobó un decreto que pretendía normalizar el crédito elevando los coeficientes de solvencia de todas las entidades financieras, y particularmente el de las cajas de ahorros. Transcurrido un año, los resultados son bien evidentes: por un lado, las leoninas condiciones temporales impuestas para captar capital provocaron la desaparición de las centenarias cajas; por otro, lejos de incrementar el crédito, todas las entidades reaccionaron restringiéndolo aún más para cumplir los exigentes requisitos de solvencia establecidos. Un año después del decreto socialista, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha aprobado otro que permuta el fracasado intento de abrir el crédito mejorando los coeficientes de solvencia por el más razonable de sanear las cuentas de los bancos adaptando los balances al valor real de los activos, en especial los inmobiliarios.
Cuando se aprobó aquel decreto socialista, el entonces presidente del Gobierno hizo dos viajes. El primero, a Catar y los Emiratos Árabes, donde supuestamente consiguió, respectivamente, 300 y 150 millones de euros para capitalizar las cajas españolas (todas). El segundo a China, donde el compromiso anunciado fue de 9.000 millones de euros; aunque fue desmentido al día siguiente por las autoridades chinas. Los árabes han tardado más en desmentirlo, y más sutilmente, con los hechos: ningún fondo extranjero, ni chino ni catarí, ha invertido en los bancos surgidos de las cajas.
Entremedias la caja gallega surgida de la fusión de todas las nuestras, ya evolucionada a banco, ha encontrado unos directivos reputados e incuestionados, que han asumido el reto de captar inversiones. El decreto del 2012, centrado en el saneamiento, no parece ser un gran obstáculo a superar: de hecho, la fusión había propiciado un gran saneamiento, que los nuevos gestores han continuado mejorando. La clave está, por tanto, en la capitalización, que se necesita sea milmillonaria. Hace unos días, este periódico publicaba un interesante reportaje sobre las inversiones extranjeras en España en el 2011, desagregadas por comunidades. La inversión total en Galicia fue de 237 millones de euros, un 1 % del total nacional. Un tercio fueron recursos chinos que adquirieron, entre otras, una empresa de calderería gallega. Y cito las cifras anteriores, tanto las comprometidas y nunca materializadas, como las realizadas, para que puestas en relación con las necesidades de Novagalicia Banco den cuenta de la difícil e inmensa tarea que abordan los gestores de la entidad gallega.
Afortunadamente, ahora no cuentan solo con el apoyo, hasta donde puede, del actual Gobierno gallego. También cuentan con la receptividad del Gobierno popular en Madrid, como ayer mismo declaró su vicepresidenta. Se trata de favorecer por vez primera en mucho tiempo la entrada de inversores foráneos en nuestro sistema financiero, lo que reforzaría la confianza en el conjunto de nuestra economía. Distraer con buitres o fracasos anunciados, resulta, una vez más, irresponsable. El esquema de protección de activos autorizado en la operación BBVA-Unnim puede ser un buen antecedente, ya que aplicado a nuestro banco resultaría mucho más eficiente. Se trata solo de que se atienda a nuestra entidad financiera con razonabilidad y equilibrio por el Banco de España. El esfuerzo de muchos gallegos y gallegas habrá valido la pena.