Las pymes lo tendrán más fácil para prescindir de sus empleados pagándoles indemnizaciones mucho más bajas, lo que provoca mucha inseguridad
08 mar 2012 . Actualizado a las 14:48 h.En Galicia hay casi mil empresas que se dedican a la venta y reparación de automóviles, fundamentalmente concesionarios, en los que en diciembre del 2011 trabajaban 22.307 personas. En una de ellas, en la provincia de A Coruña, trabaja Fernando P., con la categoría de oficial de primera. Tiene 53 años y lleva 28 en el mismo concesionario. Tiene un contrato indefinido, lo que le ha permitido hacer su carrera profesional en la empresa desde que entró como aprendiz hasta hoy.
El salario base que fija el convenio provincial es de 1.215 euros para un oficial de primera. Como además cobra 111 euros de antigüedad y 103 del plus de asistencia, alcanza un salario bruto de 1.429 euros mensuales, que después de cotizar a la Seguridad Social y tributar a Hacienda le queda en 1.108 euros. Un salario que completaba con algunas horas extras, porque durante años el trabajo más que faltar, sobraba, porque en España se llegaron a vender 1,5 millones de coches (2008). Pero a partir de la crisis la situación cambió y las ventas no han dejado de caer. Su empresa no tiene pérdidas, porque ha sido capaz de ajustar sus costes a la caída de sus ventas. Desaparecieron las horas extras, no se renovaron los contratos eventuales y el taller, que llegó a tener 38 trabajadores, tiene ahora 21.
Este proceso provoca inseguridad entre la plantilla, pero Fernando pensaba que con su antigüedad la empresa no lo iba a despedir. La indemnización que le tendrían que pagar era de 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades (tres veces y media su salario).
Cobraría una indemnización de 69.041 euros, una cifra que le daba cierta seguridad. Pero la reforma laboral acabó con ella. La ley dice que una empresa que tiene una caída de sus ventas durante tres trimestres, aunque siga teniendo beneficios, puede despedir a sus trabajadores por despido objetivo. Esto es, con una indemnización de 20 días por año con el tope de 12 meses. En el caso de Fernando y a pesar de los años que lleva en su empresa su indemnización es de 20.006 euros. Se reduce el 71 % sobre el derecho que tenía antes de la reforma.
La parte del Fogasa
Y el coste de despedirlo para la empresa es todavía menor, porque al tener menos de 25 trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) paga el 40 % de la indemnización, de tal forma que el coste de este despido le sale en 12.000 euros.
La preocupación de Fernando, y la de todos sus compañeros de la empresa y del sector es fácil de entender. Porque las ventas de automóviles llevan tres años cayendo y, aunque en muchas empresas no hay pérdidas, prácticamente todos los talleres y concesionarios pueden despedir a cualquier empleado por un coste muy pequeño.
En el caso de Fernando las cuentas que hace su empresario son muy contundentes: lo puede echar por 12.000 euros, menos de la mitad de lo que le cuesta en un año al sumarle al sueldo la cotización de la seguridad social.
Si en los próximos meses las ventas siguen bajas, el futuro de Fernando depende de cómo sea su jefe. Si tiene suerte, utilizará un ERE de suspensión temporal o de reducción de la jornada. Si no, el empresario no se complicará la vida buscando medidas de flexibilidad interna. Con un coste de despido tan bajo lo echará, y en cuanto vuelva a subir el trabajo, contratará a otro empleado más barato.
La misma sensación de inseguridad la tiene su mujer, María Pilar G., que trabaja en un taller de confección. Ella cambio varias veces de empresa -algunas veces en realidad solo se modificó el nombre de la compañía-, por lo que su antigüedad es de 12 años. Con un salario bruto anual de 15.650 euros, despedirla ahora de manera objetiva le costaría a su empresa 10.290 euros, que después de recibir la subvención del Fogasa se queda en un coste de 6.174 euros.
la nueva legislación laboral