El Gobierno irlandés presentó ayer un proyecto de ley de insolvencia que reformará, entre otras cuestiones, las restricciones sobre bancarrotas y ayudará a afrontar deudas hipotecarias a particulares con problemas financieros.
Según informaron ayer los ministros de Finanzas e Interior, Michael Noonan y Alan Shatter, la nueva ley incorporará una serie de medidas encaminadas a aliviar los problemas de deuda de los hipotecados, en un país donde la tasa de morosidad superior a 90 días supera el 9 %.
Aunque los detalles no han sido aún expuestos, el Gobierno confirmó que ciertos particulares con serios problemas podrán negociar con su entidad prestamista una reducción de su deuda, ya sea esta inmobiliaria o personal, en un proceso extrajudicial. Los propietarios podrán, además, seguir viviendo en sus domicilios, lo que evitaría que el perdón de deuda se produjese a cambio del inmueble sujeto a la hipoteca.
«Este es un gran paso al que seguirán más medidas para abordar la cuestión de los problemas de hipotecas que afronta mucha gente», dijo el ministro de Justicia.
Bancarrota
Además, la reforma pretende sustituir a la actual ley de bancarrota de 1988, calificada de «arcaica» por los ministros, para que cualquier persona que se declare en bancarrota pueda volver a hacer negocios y liberarse de su deuda en un plazo de tres años, frente a los doce que establece la legislación vigente.
Además, se ofrecerán procedimientos de negociación para que el deudor y los acreedores busquen un acuerdo fuera de los tribunales para deudas aseguradas y no aseguradas que superen los 20.000 euros.
De esta manera, el Gobierno quiere impedir que los empresarios de este país se declaren en bancarrota en otras jurisdicciones, como en Irlanda del Norte o en Gran Bretaña, donde la legislación reduce el citado período a solo un año.
La redacción de la nueva ley, que está prevista que entre en vigor el próximo abril, es una de las condiciones impuestas en el rescate económico a Irlanda de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuantificado en 85.000 millones de euros.