El Gobierno establecerá un tope para las transacciones en efectivo para luchar contra el fraude fiscal: los técnicos de Hacienda reclaman que se fije un máximo de 1.000 euros
06 ene 2012 . Actualizado a las 13:16 h.El Ejecutivo del PP estudia la posibilidad de establecer un límite al uso del efectivo en determinados pagos como modo de estrechar el cerco sobre el fraude fiscal. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al dar cuenta de las directrices que marcarán el plan general de control tributario este año. No cifró la cuantía en la que podría establecerse el límite para el pago en metálico. Curiosamente, Alfredo Pérez Rubalcaba lo fijó en 3.000 euros el pasado noviembre, e incluyó la medida en el programa del PSOE.
Sáenz de Santamaría explicó que actuaciones similares ya las han puesto en marcha Francia e Italia y que controlar el uso «abusivo» de los pagos en efectivo -especialmente los realizados con billetes grandes- mejorará la lucha contra la economía sumergida y el dinero negro, además de ser una forma «muy clarificadora» de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.
Proponen 1.000 euros de tope
Como ya hicieron ante la propuesta electoral socialista, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) respaldaron ayer la idoneidad de la medida anunciada por la vicepresidenta y fueron más allá. Entienden que 1.000 euros es el «importe óptimo» en el que debería fijarse el límite. El colectivo estima que de este modo el fisco podría obtener una recaudación adicional de 26.200 millones de euros anuales, de los que solo 1.526 millones aflorarían en Galicia, donde Gestha calcula que la tasa de economía sumergida estaba en el 2009 en el 26,3?% del PIB; son tres puntos por encima de la media nacional.
La número dos de Rajoy avanzó también que el Ministerio de Hacienda espera recaudar en este ejercicio 8.171 millones de euros dentro del plan de lucha contra el fraude, lo que supone un incremento superior al 8?% respecto al objetivo de recaudación fijado el 2011, señalado en 7.527 millones. Sin embargo, el 12 de diciembre, en su última comparecencia pública, la exvicepresidenta económica, Elena Salgado, cifró en 10.400 millones -cuantía récord, por segundo año consecutivo- la recaudación del plan contra el fraude para el ejercicio 2011.
Menor recaudación
De este modo, la previsión del Gobierno sería recaudar más de 2.200 millones menos, es decir un 20?% menos, de confirmarse finalmente la cuantía avanzada por Salgado. A este respecto, el Ejecutivo no aclaró la caída que recogen sus cifras, aunque fuentes oficiales apuntaron que las estimaciones se habían hecho sobre los objetivos y no sobre datos cerrados del ejercicio, aún no disponibles.
En todo caso, el plan de prevención del fraude que ultima Hacienda operará en tres ámbitos, intensificando la lucha contra los incumplimientos tributarios y mejorando el control del fraude en su fase recaudatoria y en la colaboración con las Administraciones tributarias autonómicas.
Entre otras medidas, se trata de «facilitar» a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, «fomentar» la regularización voluntaria por parte de quienes tengan «algún tipo de error u omisión» en su declaración -según palabras de Sáenz de Santamaría- antes de iniciar procedimientos sancionadores. Gestha manifestó su preocupación por que esta medida acabe por convertirse en «una amnistía fiscal encubierta» para los defraudadores al no incluir multas.
Otra área en la que el fisco pondrá el foco es el control sobre sectores más ligados a la economía sumergida, aunque no los detalló, que se investigarán a través de datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.