La defensa de Jove califica la demanda como un enorme fraude procesal

e. d. redacción / la voz

ECONOMÍA

Considera que la demanda no ha presentado «ni hechos ni pruebas ni fundamentos de derecho» para sostener su reclamación.

24 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña por la demanda de Martinsa Fadesa contra Manuel Jove y Antonio de la Morena quedó ayer visto para sentencia tras cinco días de vistas con la presentación de los últimos informes de los peritos de la defensa. «Si en la vista previa habíamos advertido que esta demanda era un gran fraude procesal, ahora afirmamos que se trata de un enorme fraude procesal», subrayó en sus conclusiones José Antonio Caínzos, abogado de Jove. Tras la intervención de la parte demandante, que sembró dudas sobre el proceso de recogida de datos de los suelos en la antigua Fadesa para la elaboración del informe de Richard Ellis en diciembre del 2006, que, según Martinsa, supuso un daño para la compañía de más de 1.500 millones; la defensa indicó que la demanda no ha presentado «ni hechos ni pruebas ni fundamentos de derecho» para sostener su reclamación. «Si no hay transacción, no hay pleito. Si no hay ocultación de datos, no hay pleito. Si el informe de Richard Ellis no influyó en los precios, no hay pleito. Si los hechos no son imputables a Jove y De la Morena, no hay pleito. Si no hubo daño para Fadesa ni para Martinsa, no hay pleito», dijo Caínzos, que trató de desmontar uno a uno los pilares de la demanda. La defensa insistió en que «ni se ha probado que hubo ocultación ni se ha intentado ni se ha preguntado sobre esto a los testigos que hemos presentado», y recordó que aunque «el demandante tiene la obligación de probar, ha actuado como un espectador y ha sido el demandado el que ha realizado todo el esfuerzo probatorio». Caínzos señaló además que «nunca había visto una cláusula de renuncia más detallada» que la del acuerdo del 2007 por el que Fernando Martín se comprometía a no emprender acciones contra Jove. Las costas del juicio podrían ascender a 20 millones de euros.

Según fuentes cercanas al proceso, Martinsa prosigue con el cierre de su delegación en Galicia, y en enero despedirá a siete empleados.