De los ocho testigos citados ayer por los demandantes no comparecieron tres, entre ellos, dos de los administradores concursales de Martinsa Fadesa.
20 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El juicio por la demanda de 1.576 millones de euros contra Manuel Jove y Antonio de la Morena que interpuso Fernando Martín, como presidente de Martinsa Fadesa -alegando daños a su compañía «por los supuestos datos incorrectos o incluso falsos que los anteriores administradores de Fadesa dieron a la empresa de valoración inmobiliaria Richard Ellis para conseguir una sobrevaloración de activos»-, arrancó ayer en A Coruña con la declaración de Jove y De la Morena, que reiteraron que la consultora recibió la información correcta y que, en cualquier caso, ellos no controlaban directamente esa información. «Los datos para la valoración se recogían en cada delegación -declaró Jove-. No se incluía información que no fuese real». Y negó que alguno de los suelos objeto de la demanda no fuesen susceptibles de desarrollo urbanístico, tal y como sostienen los demandantes. «Esas son cosas de gestión -dijo-. Nosotros llevábamos años sabiendo lo que teníamos que hacer. Ellos [Martinsa] eran expertos inmobiliarios, su fuerte era la gestión de suelo».
Antonio de la Morena, consejero delegado de Fadesa hasta la fusión, explicó que la petición de la valoración a Richard Ellis «la firmé yo como la anterior la había firmado el anterior consejero delegado; pero no conocía el detalle de la información que se suministraba ni tenía intervención directa».
Recordó De la Morena que eran «los directores de zona y los expertos en suelo, los que más conocían cada activo» quienes elaboraban los datos que recibía la consultora, que además «podía comprobar lo que quisiera».
De los ocho testigos citados ayer por los demandantes no comparecieron tres, entre ellos, dos de los administradores concursales de Martinsa Fadesa. Quien sí lo hizo fue Antonio Gil Rabadán, actual director general de la compañía. Sostuvo que la gestión de la información de las valoraciones quedó en manos de miembros del antiguo equipo de Fadesa y que no se detectaron «irregularidades» hasta el 2008. No fue capaz, sin embargo, de explicar por qué los nuevos gestores no consiguieron reunir toda la información de Richard Ellis hasta noviembre del 2010, y por qué ese informe aparecía citado con anterioridad en varios documentos de la compañía.