Ambas autopistas del Atlántico central son parte esencial de las cuatro rutas para el transporte masivo de mercancías en la UE, aprobadas en su momento dentro de los 30 proyectos prioritarios para las próximas décadas. De las cuatro diseñadas (otra en el norte de Europa y otra en el Mediterráneo), solo está en marcha la de Gijón-Saint Nazaire. Así, mientras que la del Cantábrico ha tenido problemas menores (aunque el primer día uno de los socios, Grimaldi, dio por concluida su participación en la sociedad), la de Vigo ha recibido un sinfín de varapalos, que, en resumen, responden a la lentitud de los despachos de Madrid y de París -en mayor medida en este último caso-, pero sin saber a ciencia cierta cuáles son los motivos de esa demora. Desidia, debilidad política, insuficientes infraestructuras complementarias... También Francia podría recelar de una nueva autopista con capital español que le haga la competencia, presionando a la Administración de Sarkozy para mantenerse como monopolio.
¿Qué trámites quedan por desbloquear?
En teoría, solo que España y Francia, a través de sus Gobiernos (concretamente de la Comisión Intergubernamental, creada en el año 2006), y a su vez, por petición de la empresa adjudicataria (que es CMHF, tras la venta de Transmediterránea de las acciones en febrero pasado), concedan el dinero. La UE dará el visto bueno automáticamente para que los Estados den ayudas que no violen las normas de competencia, por importe de 15 millones de euros cada uno. La conexión público-privada no ha sido ejemplar en este caso.
