Las empresas concentran ahora sus esfuerzos en reclamar que el nuevo Gobierno acabe con un «vacío legal» que les está perjudicando seriamente.
22 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«Se ha intentado, pero no ha sido posible. El decreto no va a salir». Así confirmaron fuentes del Ministerio de Industria lo que hace unos días dejaron traslucir las palabras de su titular, Miguel Sebastián: el polémico decreto eólico, contra el que el sector se puso en pie de guerra y que suponía una estocada mortal a los parques gallegos, finalmente ha caído.
Sebastián trató de acelerar su tramitación con la legislatura en tiempo de descuento cuando, en septiembre, lo remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNC). El regulador le dio luz verde en un dictamen con algunos matices. Parecía que ni las airadas protestas de las empresas -con la única excepción de Iberdrola que lo bendijo- ni la frontal oposición de las comunidad autónomas (con la Xunta de Galicia a la cabeza) iban a conseguir doblegar la voluntad de Sebastián. Pero el ministro dijo que no habría decreto eólico sin el «consenso» del sector.
No quería una regulación que abocaría sin remedio a un «apagón eólico», pues «paralizaría el sector» al poner en riesgo inversiones por importe de 3.000 millones de euros y destruir 7.000 empleos, la mitad de los que se estaban previstos crear.
Galicia, con 2.325 megavatios pendientes de autorizar y que no estarán operativos hasta más allá del 2013, sería una de las comunidades más afectadas ya que, entre otras cosas, la norma incluía rebajas de primas de hasta un 44 % para los parques eólicos que entraran en funcionamiento a partir del 2013.
Ayudas variables en función de parámetros como las horas de viento, menos apoyo económico para los parques más eficientes y la posibilidad de que el Gobierno autorizase directamente parques en las comunidades autónomas (con idénticas primas), completaban el listado de cambios que el decreto introducía.
Las empresas, que se opusieron a la normativa diseñada por Sebastián, concentran ahora sus esfuerzos en reclamar que el nuevo Gobierno acabe con un «vacío legal» que les está perjudicando seriamente.
Vacío regulatorio
Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) explican que «el panorama que se avecina no es fácil por el vacío regulatorio que habrá en el 2013», y subrayan que para poder instalar parques en esa fecha las empresas tendrían que estar haciendo pedidos a las fábricas «ya», puesto que el período de maduración de las instalaciones es, en el mejor de los casos, de año y medio.
Idéntica reflexión hace la Asociación Eólica de Galicia (EGA). Se queja de las trabas a esta energía, ya que, según se recoge en el estudio sobre el impacto del sector eólico en España en el 2010, realizado por Deloitte, las primas recibidas por las renovables (algo más de 5.000 millones de euros) se tradujeron en un ahorro neto de 9.173 millones, es decir, casi el doble. Además, la comunidad, que estrenó la década a la cabeza de España ha perdido ese liderazgo precisamente por una falta de política clara para el sector.
De ahí que poner fin a la incertidumbre regulatoria, que ha paralizado los proyectos e inversiones de un sector muy importante para el crecimiento económico, sea la exigencia unánime de empresarios y Xunta al próximo Ejecutivo.
Plan de renovables
El ministerio de Industria acaba de despedirse con el guiño que supone la aprobación del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, al que el Consejo de Ministros del día 11 dio luz verde. Pero el PER tampoco es del agrado de nadie: la Fundación de Energía Renovables lo critica porque «frena» el peso de las energías limpias, mientras que desde Iberdrola se le ataca precisamente por lo contrario.
7.000
La mitad de los nuevos
Según las eléctricas, la norma amenazaba la mitad de los empleos que va a crear el sector.