La oposición reprocha a Feijoo que no se cree ahora la comisión de investigación

EFE

ECONOMÍA

PSdG y BNG instan a la Xunta a determinar la responsabilidad de las indemnizaciones y otras posibles irregularidades en el proceso de reforma de las cajas.

11 oct 2011 . Actualizado a las 01:43 h.

La conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, remitió hoy al Banco de España la responsabilidad sobre las cuantiosas indemnizaciones percibidas por exdirectivos de Novacaixagalicia, mientras que la oposición -PSdeG y BNG- cuestionó el rechazo del PPdeG a una comisión de investigación.

Fernández Currás aludió así a las supuestas indemnizaciones de más de 23 millones de euros percibidas por exdirectivos de la cajas de ahorros, que ha suscitado indignación por el hecho de que esa entidad obtuvo casi 2.500 millones de euros de dinero público para la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que implicó la prejubilación de más de un millar de empleados.

«Si fuera competencia de la Xunta de Galicia esto estaría resuelto», señaló la titular de Hacienda en su intervención en la reunión plenaria del Parlamento de Galicia, en la que dedicó la mayor parte del tiempo a justificar la postura de la Xunta en ese proceso y concluyó que las autoridades bancarias se equivocaron en la valoración del capital de la caja de ahorros.

La conselleira consideró que la decisión sobre las retribuciones corresponde a los órganos de gobierno de NCG e invitó al PSdeG a preguntar sobre las retribuciones de los exdirectivos a integrantes del consejo de administración que son miembros de la fuerza socialista.

Fernández Currás citó explícitamente a la dirigente del PSdeG y concejal del Ayuntamiento de A Coruña Mar Barcón, que recientemente dimitió del cargo; al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, y al presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.

La diputada del PSdeG María José Caride criticó la «actitud totalmente defensiva del Gobierno gallego» y su afán de culpar al Banco de España, al Gobierno central y hasta al Ayuntamiento de Vigo de determinadas decisiones como parte de una supuesta «teoría de conspiración contra Galicia».

Añadió que «son culpables todos», a excepción de la Xunta que «pasaba por aquí y no se enteró de nada», por lo que invitó a la conselleira y al PPdeG a respaldar la composición de una comisión de investigación parlamentaria para determinar la responsabilidad de dichas indemnizaciones y otras posibles irregularidades en el proceso de reforma de las cajas.

También el diputado del BNG Carlos Aymerich abogó por una comisión parlamentaria de investigación para evitar que en el futuro puedan repetirse esas indemnizaciones y preguntó cuál va a ser el salario de Pablo Castellano, el nuevo presidente de NCG Banco, por su nuevo «trabajo a tiempo parcial».

Aymerich formuló duros reproches hacia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó al de ser «el que vendió la caja gallega a precio de saldo» y acusó al PPdeG y al PSdeG de ceder al «chantaje» de los ex directivos de las cajas de ahorros José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso aprobando una legislación en el pasado para que «se acomodara» a sus intereses, dijo.

Por su parte, el diputado del PPdeG Pedro Puy se dedicó a poner de manifiesto las «contradicciones» en las declaraciones de diversos representantes del PSdeG y del BNG sobre el proceso de fusión, pero se limitó a exponer que corresponde a la comisión de control velar por las indemnizaciones y emolumentos.

La titular de Hacienda de la Xunta subrayó en su discurso que la fusión y la posterior «bancarización» fueron el «único camino» que tenían las cajas de ahorro gallegas, y dijo que la recapitalización se produjo «en el peor momento posible» para atraer capital, por lo que reprochó que la venta fue «a precio de saldo».

La conselleira indicó que el conjunto de los partidos políticos gallegos, pese a ciertas discrepancias iniciales, dieron una respaldo unánime a la fusión de las cajas de ahorros, pero enfatizó que luego el Gobierno central cambió las normas.

En ese sentido, la conselleira insinuó que el cambio de postura del Gobierno, expresado por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en enero pasado, fue por decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Fernandez Currás dijo que la conferencia de prensa ofrecida por Salgado fue «improvisada» y «al dictado de no se quién» y añadió que sospecha de que la ministra «leyó una carta que no compartía ni digería» sobre el aumento de las condiciones de capitalización de los bancos que, en su opinión, fue del presidente del BCE, Jean Claude Trichet.