El sistema español de arrendamiento fiscal para la contratación de buques o tax lease que, según Bruselas, podrían haber distorsionado la libre competencia en el marco de la UE, ha permitido la construcción de 273 barcos entre el 1 de enero del 2002 y el 30 de junio del 2010 por un valor total de 8.727 millones de euros.
Los datos constan en la argumentación remitida por la Comisión Europea al Gobierno de España a través de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y revelan que Galicia ha sido una de las comunidades más beneficiadas por el sistema de bonificaciones que ahora permanece bloqueado (tras la denuncia presentada por Holanda, Noruega y Portugal). El documento comunitario especifica que la industria de la comunidad gallega firmó contratos por valor cercano a los 3.000 millones. Según la información suministrada por las autoridades españolas y recogida en el argumentario en el que se basa el expediente, los cinco astilleros españoles más favorecidos por contratos firmados gracias a este incentivo son Hijos de J. Barreras (pedidos por valor de 1.700 millones), Factorías Vulcano (1.000 millones), Construcciones Navales del Norte (1.000 millones), Astilleros Zamakona (700 millones) y Astilleros Armón (600 millones).