Los afectados aseguran estar al corriente de todas sus obligaciones
17 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Audiencia Nacional va a investigar a la familia Botín (Emilio, presidente del grupo Santander, y a sus cinco hijos, Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, así como a su hermano Jaime y a cinco de sus descendientes: Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia) por la presunta comisión de un delito fiscal y, en su caso, de falsedad documental.
El caso deriva de la existencia de ciertos fondos en una cuenta suiza del banco HSBC. La cuota tributaria evadida, según estima el titular del Juzgado número 4, Fernando Andréu, podría superar los 120.000 euros por contribuyente, cantidad a partir de la cual se persigue el delito fiscal.
La denuncia procede de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez recibió el expediente de la Agencia Tributaria. Este último organismo adoptó la decisión al verse desbordado e incapaz de examinar la «ingente documentación» que le fue remitida por los denunciados -en gran parte en inglés o francés, por no mencionar la complejidad derivada de la existencia de trust, fundaciones y sociedades de diversa índole- y, ante la inminente prescripción, el próximo 30 de junio, de todos los incumplimientos tributarios ligados al ejercicio fiscal del 2005.
En un escrito conjunto remitido el 28 de julio del 2010 en respuesta a los requerimientos de la administración tributaria, los afectados relataron la evolución histórica de los fondos, que tienen su origen en el patrimonio existente fuera de España de Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre o abuelo de los denunciados.
Fuentes próximas a la familia Botín han precisado ahora estos términos. Emilio Botín Sanz de Sautuola habría abierto la citada cuenta durante Guerra Civil, e hizo uso de ella a lo largo de su estancia en Londres y Basilea en los años siguientes. A la regularización de las pertinentes obligaciones fiscales se habrían destinado 200 millones de euros. Por eso, estas mismas fuentes afirman que la familia Botín «está al corriente de todas sus obligaciones fiscales» tras haber realizado una regularización «completa y voluntaria» de las declaraciones correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009. Hace cuatro años, un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de unos 25.000 clientes que tenían dinero en esta filial suiza del grupo bancario del mismo nombre. Las autoridades francesas, las primeras en hacerse con esta información, trasladaran a España la relación de clientes que habían colocado sus fortunas en esas cuentas, y que, previsiblemente, no habían liquidado sus impuestos. Más de 600 contribuyentes recibieron requerimientos para regularizar depósitos de dinero negro por un total estimado en 6.000 millones de euros.