Detrás de esa inversión está la sociedad Alarde, una división energética de la caja gallega y que preside Honorato López Isla, ex consejero delegado de Unión Fenosa.
06 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Novacaixagalicia ha desembolsado ya casi 10 millones de euros, en dos pagos, en una inversión energética en Perú. El dato lo expuso ayer, en la comisión de control de la caja, Juan Manuel Gutiérrez, responsable de Participaciones Estratégicas, en respuesta a una petición hecha en esa misma comisión por el representante de la Consellería de Facenda. En este órgano de control, el Gobierno gallego tiene voz, pero no voto.
Detrás de esa inversión está la sociedad Alarde, una división energética de la caja gallega y que preside Honorato López Isla, ex consejero delegado de Unión Fenosa. Algunas fuentes apuntan a que en esa operación participa también Ángel López Corona, director adjunto cuando Julio Fernández Gayoso estaba al frente de Caixanova.
Según explicó Gutiérrez, la inversión en Perú ya se ha ejecutado a través de Galenova Perú (una nueva firma vinculada a la caja), con el desembolso anteriormente citado. Sin embargo, no cuenta con el visto bueno de la Xunta, que tenía que autorizarla. Tampoco lo hizo la comisión de inversiones de Novacaixagalicia. No se aprobó en este órgano porque se entendía que apostar en Perú no tenía sentido cuando la caja gallega se encuentra en un proceso de desinversiones para recapitalizarse.
Ante esa situación y los nuevos datos revelados, la comisión de control decidió aprobar la realización de una auditoría interna para conocer el alcance de esas inversiones y sus repercusiones legales y administrativas. El representante de la Xunta, por su parte, dará traslado a la conselleira de Facenda.
Recurso de la Xunta
Por otra parte, el Gobierno gallego aprobó ayer «por convicción e responsabilidade» el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 2/2011 que impone las reglas para la recapitalización de las cajas. Feijoo abundó en los argumentos que la conselleira de Facenda desgranó en el Parlamento, informa Serafín Lorenzo.
Tras subrayar que la decisión es leal con el deber del Ejecutivo autónomo de respetar el Estatuto y la Constitución, Feijoo incidió en que «non se xustifica a extraordinaria e urxente necesidade» de un decreto que, a juicio del Gobierno autónomo, «vulnera o principio de confianza lexítima e seguridade xurídica», ya que las cajas que actuaron amparadas por las normas vigentes, y con la confianza en que esa vigencia se prolongaría al menos durante cinco años «ven como as actuacións realizadas as prexudican e deben modificar os seus plans de actuación para o futuro», ante los requerimientos de capital.