La propuesta de la Comisión, que empezará a ser debatida por los países miembros a partir de ahora, contempla una progresiva implantación de los nuevos impuestos para que tanto consumidores como empresas puedan ir adaptándose. Si se cumplieran los plazos de Bruselas, la subida en el diésel debería aplicarse íntegramente en 2018. La directiva también afectaría al gasóleo utilizado para la calefacción, pero el Gobierno comunitario ha introducido una cláusula «social» que permitiría a los socios eximir a los hogares de este aumento.
