La compañía inmobiliaria superó ayer el concurso de acreedores
12 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La junta de accionistas de Martinsa-Fadesa, celebrada ayer en A Coruña, decidió entablar acciones sociales de responsabilidad contra los administradores de Fadesa Inmobiliaria -la compañía con la que se fusionó en el 2007-, «específicamente contra Manuel Jove y Antonio de la Morena por los perjuicios causados a la sociedad en la incorrecta valoración de los activos inmobiliarios de Fadesa en diciembre del 2006», tal y como recoge la comunicación a la CNMV.
La compañía que preside Fernando Martín acusa a Jove y De la Morena de haber suministrado a la consultora Richard Ellis datos incorrectos para realizar la valoración de Fadesa, y señala que esa tasación fue superior a la situación real. Fuentes próximas a Manuel Jove indicaron que la base de la demanda es «disparatada», que se trató de «engañar a los accionistas porque la propuesta no se incluyó en el orden del día de la junta» y que es una decisión «oportunista» de Fernando Martín para intentar eludir sus responsabilidades como administrador.
La junta se había convocado para informar del concurso, pero miembros del consejo presentaron la propuesta, lo que suscitó un tenso debate entre accionistas minoritarios y miembros del consejo sobre su oportunidad. La asamblea comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó durante casi seis horas. «Ni se nos explicó el porqué de la demanda ni el supuesto daño que había sufrido la compañía ni cuánto se iba a reclamar -dijo por la tarde un accionista [según recoge Efe, de fuentes de Martinsa, serían 1.500 millones de euros]-. Simplemente se aplicó el rodillo de la mayoría. Se aprobó del mismo modo que se rechazó ampliar esas acciones al actual consejo».
La tasación por Richard Ellis del valor de Fadesa en el 2006 arrojó la cifra de 10,5 millones de euros. Posteriores valoraciones de la inmobiliaria en julio y diciembre del 2007 (cuando se efectuó la fusión) superan esa tasación (10,7 y 10,8 millones, respectivamente).
Fuentes próximas al proceso concursal interpretan la maniobra de Fernando Martín como una «cortina de humo» ante la apertura de la fase en la que se determinará la responsabilidad de los administradores en la entrada en concurso de la compañía, que podría derivar en inhabilitaciones o sanciones.