Novacaixagalicia, clave en la concentración de poder en Madrid y Cataluña

El negocio de las cajas se pondrá en el mercado para su venta con descuentos medios de en torno al 40%


redacción / la voz

Novacaixagalicia vuelve a estar en el centro de la tormenta financiera que desde hace ya más de dos años asola España. Intereses políticos y económicos presionan cada vez con más fuerza a las cajas que optaron por defender fusiones intraterritoriales, y no entre instituciones de distintas comunidades autónomas. En la primera oleada era lo que promovían tanto el Gobierno como el Banco España, que eliminarían así el control de las autonomías sobre las cajas.

Novacaixagalicia, la quinta caja de España con un volumen de activos de 77.000 millones, vuelve a ser una pieza clave que hay que mover en un mapa que se ha diseñado para que el poder financiero del país se concentre en Madrid, Cataluña, País Vasco, y en menor medida Andalucía.

La entidad gallega, cuya fusión nunca fue bien vista por el Ministerio de Economía, está siendo empujada ahora a unirse con alguna otra gran entidad (Unicaja, Ibercaja o La Caixa) o integrarse en alguno de los cinco SIP ya existentes. De hecho, en círculos gubernamentales se baraja como opción la salida con la caja catalana. La «vía madrileña» tiene el problema que Rodrigo Rato todavía tiene pendiente de digerir el saneamiento del SIP que lidera.

Nervios y movimientos

A Novacaixagalicia le queda otro camino: crear un banco y colocar el 20% del capital entre inversores privados o salir a cotizar en Bolsa después de haber trasvasado todo su negocio a una ficha bancaria. Esta última opción sería la que le permitiría a la entidad mantener una mayor vinculación con el territorio, respetar el empleo generado y no malvenderse. Se calcula que el descuento con el que las cajas tendrían que poner a la venta su negocio estaría en el entorno el 40 y el 45%. «No hay tanto papel en el mercado», coincidieron en señalar desde varios bancos de inversión, quienes confirmaron que habrá «rebajas y gangas». Destacados políticos confirmaban que tanto en Galicia como en el resto de autonomías «compradoras y vendedoras de cajas hay movimientos y nervios porque se desconocen cuáles son los planes que pretende imponer Madrid».

El Gobierno inició la primera oleada de fusiones un año después de que comenzasen los grandes países europeos a inyectar capital público en sus bancos y cajas (alemanas) para sanearlas y exigirles que abrieran el grifo del crédito. Zapatero presumía en ese momento de la robustez y solvencia del sistema español. Meses más tarde la situación era distinta. La crisis de deuda comenzó a azotar a Irlanda, Grecia y Portugal, y España dejó su papel de gran potencia para ser un país periférico y contagiado por sus vecinos. Las tensiones continúan, y siguen los riesgos de rescate. Fue en este contexto cuando se impulsó la segunda oleada de fusiones, 24 días después de que les hubiesen entregado el dinero a las cajas que acudieron al FROB y, en el caso gallego, 55 días más tarde de que la unión se hubiese ratificado.

Las alarmas sobre la situación de España surgieron a principios de enero cuando el BBVA y el Santander se vieron abocados a pagar un sobreprecio considerable por sus emisiones. La misma situación vivieron el Popular y Bankinter. Después se generalizó. Emilio Botín y Francisco González advirtieron al Ejecutivo de su malestar y, a partir de ese momento, los mensajes desde la gran banca fueron siempre los mismos: «El problema lo causan las cajas», unas instituciones «no bien entendidas por los mercados internacionales». BBVA y Santander ya han anunciado que están dispuestos a comprar los activos de las cajas que salgan al mercado.

El futuro de la caja gallega depende hoy de los movimientos entre los grandes partidos, y los pactos con aquellos que le permiten a Zapatero mantenerse como presidente del Gobierno. Al menos en siete ocasiones se ha visto con el líder peneuvista Iñigo Urkullu desde que esta formación le ayudó a aprobar sus presupuestos, y hoy son las instituciones de ahorro vascas las que salvan el listón del capital que será exigido por decreto. El Gobierno tuvo reuniones con la Generalitat para hablar de este asunto, al igual que con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y el de Caja Madrid.

Hoy, la presión política continúa mientras se consensúan unas reglas que amplían la discrecionalidad del Banco de España y el Gobierno. El primero decidirá qué capital tienen que tener las entidades que no superen las pruebas de resistencia, y Elena Salgado tiene pendiente de decidir cuánto capital tomará en caso de nacionalización.

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