Un bufete internacional de abogados prepara en Bruselas la ofensiva legal y política de los empresarios gallegos
13 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Por la vía política y también por la judicial. Los conserveros gallegos están convencidos de que los privilegios que la Unión Europea está concediendo desde enero del 2010 al atún importado desde Papúa-Nueva Guinea y las islas Fiyi son ilegales y suponen «una clara práctica de dumpin».
Los empresarios han fracasado hasta ahora en sus negociaciones para que la Comisión Europea retire estas ventajas concedidas a finales del 2009 a estos países del Pacífico. La última oportunidad para corregir la situación es la revisión del convenio que, obligatoriamente, hay que pactar en el 2011.
Como medida de presión, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) contrató este mes al prestigioso bufete internacional Sidley, que trabajó en 200 casos de dumpin en Estados Unidos, Rusia, Japón, Tailandia, Turquía o la India, con la intención de que elabore una demanda de estas característica contra la Unión Europea.
Gigantes asiáticos como Thai Union o Frabelle Fishing están utilizando el Estado de Papúa para producir atún en condiciones ventajosas respecto al resto de las plantas conserveras de todo el mundo y venderlo en el mercado europeo hasta un 35% más barato que las marcas españolas.
Sus «privilegios» consisten en la exención del pago de aranceles (hasta un 24% en el caso de otros países), pero sobre todo, en que al mismo tiempo las latas de atún salidas de Nueva Guinea están exoneradas de cumplir las reglas en origen, a las que sí están sometidas el resto de las fábricas españolas en todo el mundo.
Estas normas obligan a las plantas españolas en África o América a abastecerse de materia prima en los caladeros de los países donde están emplazados los centros de producción, con independencia de la abundancia de la pesca y de su precio. La medida pretende ayudar a las economías locales.
Papúa-Nueva Guinea o las islas Fiyi no tienen que cumplir esta exigencia, accediendo libremente a comprar atún allí donde sea más barato. Lo curioso de la medida es que, al mismo tiempo, sus conservas están exentas del pago de un arancel en Europa. Hasta ahora, los convenios internacionales de la UE incluían siempre una de las dos condiciones (o había que cumplir las reglas en origen, o había que pagar arancel). Pero Papúa se ha convertido en un «coladero» desde enero del 2010, según denuncian los empresarios.
Riesgo de invasión
En nueve meses, las conservas procedentes de este país del Pacífico han copado el 3% del mercado europeo. Pero la permisividad de la UE ha provocado que algunos de los mayores productores norteamericanos o asiáticos hayan clavado su mirada en Papúa. Hasta cinco multinacionales están construyendo en la actualidad cuatro plantas conserveras en Nueva Guinea, con una inversión superior a los 240 millones de euros. Pero el Gobierno de Papúa prevé que en solo dos años más se puedan instalar hasta diez macroplantas de transformación de pescado. Juntas, serían capaces de triplicar la producción gallega de atún, que ronda las 200.000 toneladas y supone el 67% de la producción nacional y más de la mitad de toda la de la UE.
Los empresarios gallegos aseguran que esta entrada masiva de atún en condiciones de privilegio, hasta un 35% más barato y sin los controles sanitarios precisos en origen, acabará «reventando» el negocio en España. El sector conservero es clave dentro de la pesca gallega. Galicia posee 66 compañías que emplean a 11.950 personas y facturan por encima de los 1.092 millones de euros. La pesca supone tan solo el 0,5% del PIB de la UE, o el 0,8% del PIB español. Pero representa en torno al 11% del PIB gallego. Solo la conserva significa un 2,8% del PIB autonómico.