El Gobierno solo trató el futuro de Navantia en una conversación informal con Joaquín Almunia
ECONOMÍA
Sebastián dice que el comisario les recomendó no reabrir el expediente de Fene
09 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las gestiones del Gobierno durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea para tratar de levantar el veto a la construcción de buques civiles impuesto a los astilleros de Navantia en Fene se limitaron a una conversación informal con el comisario europeo de la competencia, el español Joaquín Almunia. Así lo reconoció ayer en el Congreso el ministro de Industria, Miguel Sebastián, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea. La apertura de una negociación para tratar de levantar ese veto fue un compromiso asumido personalmente por el presidente del Gobierno antes del inicio de la presidencia española. Así se lo habían demandado además el Congreso y el Parlamento de Galicia en dos resoluciones aprobadas por unanimidad.
El diputado gallego del PP Arsenio Fernández de Mesa reprochó ayer a Sebastián que fuera el propio comisario Joaquín Almunia el que revelara públicamente que el Gobierno español no había planteado formalmente en la Unión Europea el levantamiento de la prohibición de construir buques civiles en Fene. Fue entonces cuando el ministro reveló que el asunto se había tratado en una conversación informal mantenida con Almunia en el palacio de El Pardo.
El PP pide explicaciones
En dicha reunión, según el ministro, el comisario español recomendó al Gobierno que no reabriera el expediente que afecta a los astilleros gallegos. «En Bruselas se sabe cómo se abren los expedientes, pero nunca se sabe cómo se cierran», le dijo Almunia. Sebastián no hizo referencia ayer a ninguna otra gestión sobre el asunto tras esa recomendación de no intentar reabrir el expediente que, según dijo, el Gobierno consideró «prudente y sensata». Por ello, los esfuerzos del Ejecutivo en este momento se centran en «buscar carga de trabajo» a los astilleros.
Además, el ministro reprochó al Ejecutivo presidido por Aznar los problemas generados con este asunto al haber aprobado unas ayudas que finalmente fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea. Esa actuación, según Sebastián, «estuvo a punto de suponer la quiebra de los astilleros españoles».
Fernández de Mesa acusó al Gobierno de no querer cargar con las responsabilidades de no haber hecho nada en favor de los astilleros gallegos. «Este no es un tema mío», dijo ayer Sebastián, que aseguró que el asunto depende del Ministerio de Economía. Pero la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró el pasado lunes en su comparecencia ante la Comisión Mixta que era al titular de Industria a quien correspondía dar explicaciones. El Grupo Popular ha decidido pedir la comparecencia de los dos ministros en el Congreso para que aclaren las gestiones hechas por el Gobierno español ante la Unión Europea en torno a los astilleros de Fene.
Durante su intervención, Fernández de Mesa insistió en que el Ejecutivo no ha hecho nada para intentar levantar el veto y afirmó que es necesario mantener el marco financiero y fiscal para la construcción de buques en España. Explicó que en este momento las únicas ayudas que existen son a la «innovación» y solo hasta el 20%, lo que a su juicio constituye un error. «Si hay prototipo nuevo, innovación es todo el barco y no el 20%. Esas son las cosas que debiera haber peleado el Gobierno de Zapatero, indolente hacia Galicia y hacia su sector naval», concluyó el portavoz popular.
«Nefasto para Galicia»
Los diputados gallegos del PP calificaron ayer en un comunicado de «nefasto» para Galicia el balance de la presidencia española de la Unión Europea. Los representantes del PPdeG en el Parlamento aseguraron que «la nula capacidad de Zapatero para liderar Europa» ha provocado «que se perdiera una oportunidad única para impulsar los principales sectores productivos de Galicia». Recordaron que el Gobierno planteó como una prioridad de la presidencia española el establecimiento de los ejes de la reforma de la Política Pesquera Común y tras concluir el mandato «no ha logrado presentar ni un solo documento con la posición comunitaria sobre la reforma».