La cumbre del G-20 de Toronto será seguramente recordada por dos hechos. El primero es que, en cierto sentido, cierra el arco abierto en la primera de estas cumbres -celebrada en Washington en el peor momento del tsunami financiero- a favor de buscar soluciones a la crisis por la vía de la coordinación internacional.
Se habló mucho por entonces de «nuevas arquitecturas financieras globales» o de acoplar las respuestas macroeconómicas a una estrategia común. Sin embargo en todo este tiempo, lo que hemos visto ha sido una progresiva evaporación de ese espíritu que, habrá que reconocer, en realidad nunca traspasó los límites de la retórica.
Y aunque de nuevo se insista en las grandes palabras («necesidad de reforzar a las instituciones financieras internacionales» o «seguir luchando contra el proteccionismo»), esta reunión parece haber certificado que el camino aceptado es otro: en materias tan decisivas como las reformas bancarias o la introducción de ajustes fiscales, cada país debe buscar su propio camino. Esta conclusión es importante sobre todo en lo que tiene que ver con la eventual introducción de mayores controles y regulaciones financieras. El debate de los últimos meses en torno a si era correcto que el gobierno norteamericano o algunos europeos avanzasen en sus propias reformas, sin esperar a coordinarlas con el resto de países, parece haberse saldado ahora con una plena confirmación. Obviamente, eso puede significar, con el paso del tiempo, una cierta segmentación de unos mercados que hasta ahora mismo parecían no tener límites geográficos ni políticos.
El segundo hecho trascendente es que en la fijación de la línea anterior, parece haber sido decisiva la posición de los países llamados emergentes. Si relacionamos esto con la absoluta inanidad de la cumbre específica de los países desarrollados (el G-8), celebrada un par de días antes, tendremos una clave de las relaciones económicas que se van dibujando de cara el mundo que viene.