El PSdeG le pide a Feijoo que blinde el proceso de fusión para que en tres años no se renueven los representantes
ECONOMÍA
Los socialistas gallegos reabrieron ayer el debate político que rodea al proceso de fusión de las cajas y lo hicieron para reclamarle al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que tome «medidas lexislativas» para blindar el protocolo de integración de las dos entidades financieras, habida cuenta de que el próximo mes de julio expira la suspensión cautelar de los artículos recurridos de la nueva ley gallega de cajas, tal y como decidió hace más de cuatro meses el Tribunal Constitucional.
El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, manifestó ayer que si se levanta la suspensión cautelar y entra en vigor la normativa aprobada por la Cámara gallega el pasado mes de diciembre, esta sería «incompatible en moitos puntos» con lo acordado por Caixanova y Caixa Galicia para la fusión.
Políticos y Gayoso
Vázquez dejó entrever que si el Constitucional no amplía la suspensión cautelar, que también podría hacerlo, y el Ejecutivo autónomo opta por aplicar en toda su extensión la ley de cajas se podría llevar a cabo una renovación de los órganos de gobierno de las dos entidades que obligaría a destituir a los cargos políticos, como son el caso de Fernández Moreda, Mar Barcón o López Orozco, vicepresidente y consejeros de Caixa Galicia, o incluso de los directivos con más de 70 años de edad, situación en la que se encuentra el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.
El líder del PSdeG demandó a Feijoo que tome medidas, a través de la correspondiente modificación de la ley en el Parlamento, para dotar al protocolo de fusión de «fortaleza, potencia e seguridade», más allá de la resolución del Constitucional.
En todo caso, la preocupación expresada por Pachi Vázquez no fue compartida ayer por la Xunta. De hecho, la Consellería de Facenda manifestó que la ley gallega ya está en vigor desde enero, con la excepción de los diez artículos recurridos, pese a lo cual matizó que el Ejecutivo autónomo no tiene prevista «ningunha renovación» de los órganos de gobierno de las entidades durante el período transitorio de tres años que se han dado Caixanova y Caixa Galicia para cerrar la fusión.
La Xunta «non tomará ningunha decisión que poña atrancos» a la unión, remarcó la consellería, que también advirtió que no puede blindar legalmente un protocolo de fusión que todavía no existe.