La Xunta pide el levantamiento de la suspensión de la ley y acusa al Gobierno de querer «unha goleada de 11-0»
ECONOMÍA
La asesoría jurídica de la Xunta de Galicia trasladó ayer al Tribunal Constitucional sus alegaciones contra el recurso del Gobierno a la ley de cajas. En su escrito, de 120 folios, el Ejecutivo autonómico solicita expresamente el levantamiento de la suspensión de los diez artículos recurridos por el Estado el pasado 5 de febrero, una iniciativa legal que fue admitida a trámite el día 18 del mismo mes y publicada en el BOE el 27.
La Xunta, que sigue sin cerrar un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial para que Madrid retire el recurso, expone en sus alegaciones a la Justicia los argumentos legales que «avalan a constitucionalidade da norma galega», así como jurisprudencia que incluye sentencias del propio Tribunal Constitucional.
Según explicaban ayer fuentes del Gobierno gallego, el escrito de oposición analiza cada una de las críticas esgrimidas por el Ejecutivo central, «trasladando ao intérprete constitucional a falla de fundamento das mesmas, en base á propia doutrina do alto tribunal».
Los magistrados podrán reclamar ahora nuevos argumentos a la Xunta antes de decidir sobre el levantamiento de la suspensión. Las alegaciones han sido presentadas en el límite del plazo legal establecido (quince días hábiles). Y en paralelo, el equipo de Núñez Feijoo rechazó ayer prodigarse con más cartas al Ejecutivo central para desbloquear el recurso, aunque en ningún caso da por rota la negociación y opta por mantener el diálogo.
«Xa non é tempo de seguir escribindo e facendo propostas que non teñen a resposta necesaria por parte do Goberno central», puntualizó la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que acusó a Madrid de querer ganar el partido por «goleada absoluta de 11-0 [en referencia a los puntos recurridos], sen atender ningunha das nosas lexítimas posicións».
La Xunta no prepara otra redacción sobre los cinco puntos en los que hay desacuerdo. La ausencia de una «resposta necesaria» a sus demandas ha elevado el tono crítico del Ejecutivo gallego, que ha pedido el relevo del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, a quien descarta como interlocutor válido. Fernández Currás acusó al Gobierno de pretender «a negación do noso autogoberno».
La responsable de Facenda insistió en la «falta de respecto» de la última comunicación remitida por Zarrías y en un tema, explicó, «tan trascendente» como la reordenación del sistema financiero.
Indicó asimismo que no está terminado el informe jurídico encargado para decidir si los consejeros de las cajas que no cumplen los requisitos de la nueva ley deben cesar.