Según De La Vega, algunos puntos de la normativa gallega no se ciñen a la legislación estatal y van «más allá» de las competencias de la comunidad a la hora de determinar la solvencia de las entidades.
05 feb 2010 . Actualizado a las 23:12 h.El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas de ahorros aprobada recientemente por el Parlamento gallego, según informó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explica que a juicio del Gobierno la norma gallega va «más allá» de las competencias de esa Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las cajas como entidades de crédito (en alusión a Caixa Galicia y Caixanova).
Asimismo, dijo Fernández de la Vega, «creemos que la ley no se ajusta» a la legislación básica Estatal de cajas de ahorros -la Lorca, sobre la que deben regirse las normas regionales- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.
Por ello, el Consejo de Ministros de hoy aprobó solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que interponga dicho recurso de inconstitucionalidad, tras recibir ayer el dictamen favorable del Consejo de Estado para recurrir la ley gallega.
Y ante esto, explicó Fernández de la Vega, «nuestra obligación es salvaguardar las competencias del Estado, fundamentalmente, y también las del Banco de España, porque creemos que la determinación de la solvencia y de la naturaleza jurídica de las entidades de crédito es una facultad que no está atribuida a las comunidades autónomas».
La semana pasada, el Gobierno ya advirtió de que había visto indicios de inconstitucionalidad en algunos de los artículos de la norma gallega de cajas.
En un comunicado remitido por el Ministerio de Política Territorial, departamento que propuso al Consejo de Ministros presentar el recurso, se detallan una decena de motivos por los que se recurre la norma.
Uno de los aspectos que según el Ejecutivo podría ser inconstitucional es que la ley exige la autorización autonómica para adoptar medidas estatales de solvencia en el caso de que una caja de ahorros gallega tenga un déficit patrimonial, cuando generalmente eso corresponde al Banco de España.
La norma gallega además exige la inscripción de los cargos de las cajas en un registro autonómico con carácter constitutivo y obliga a que los miembros del Consejo de Administración procedan «necesariamente» de la Asamblea, a la que permite que adopte acuerdos de fusión por «mayoría simple», una posibilidad que excluye la Lorca.
También se incluyen «parámetros ajenos a la salvaguarda de la solvencia» dentro de las funciones del Consejo de Administración para conseguir la autorización autonómica que permite crear un sistema institucional de protección (SIP), conocido en el sector como «fusiones frías» de cajas.
También se pone en cuestión que el Parlamento gallego pueda tener más de un representante en el Consejo de Administración de una caja regional, mientras que a los demás grupos representados en la Asamblea, la ley sólo les deja tener uno, cuando la LORCA establece que sea de manera proporcional.
En cuanto a la Obra Social, la normativa establece que las dotaciones aprobadas por las Asambleas de las cajas, así como el fin de las mismas, deben ser autorizadas por la Consejería competente de la Xunta de Galicia.
Y por último, el recurso está motivado por que se establece un plazo de dos meses para la renovación total de los órganos de gobierno de una entidad, algo que resulta contrario a la renovación parcial que exige la Lorca y el Tribunal Constitucional.
No obstante, antes de confirmarse que el Gobierno presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer partidario de dialogar y de reformar algún aspecto técnico o puntual de la norma.