El PSdG cree que el Gobierno recurrirá la ley de cajas el 5 de febrero por vulnerar la Lorca

D. Sampedro / M. Á. Rodríguez

ECONOMÍA

Núñez Feijoo acusa al alcalde de Vigo de ser «o primeiro da historia que vai contra os intereses da cidade»

29 ene 2010 . Actualizado a las 09:22 h.

El Gobierno podría aprobar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas gallega en el consejo de ministros del próximo 5 de febrero, según fuentes cercanas a la cúpula socialista gallega. La actuación la dirigiría el Ministerio de Política Territorial, a cuyo frente está el vicepresidente Manuel Chaves, y sería tutelada por Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial. El grueso del argumentario del recurso se basaría en supuestas incompatibilidades de la ley gallega con la Lorca, la ley estatal que regula el sector. Una de las presuntas fallas de la normativa autonómica sería el no haber sido aprobada por una mayoría reforzada.

La presentación del recurso tendría un profundo calado político. Los socialistas gallegos sufrirían el coste de que su partido cierre desde Madrid la vía para salvar la existencia de las cajas gallegas, lo que permitiría a la Xunta argumentar que la Moncloa castiga a Galicia, al tratarla con un rasero distinto al de otras comunidades. Sin embargo, algunos dirigentes del PSdeG piensan que tras el recurso se abrirá un diálogo con Feijoo para redibujar la ley de modo que permita un mayor control del partido opositor en una hipotética caja única.

Al margen de la opinión del PSdG, será también clave la del ministro José Blanco, hombre fuerte en el Gobierno de Zapatero y que estaría sopesando los pros y contras políticos de frenar la fusión gallega. Feijoo y Blanco se verán el lunes en Madrid, una cita que podría despejar definitivamente el escenario.

Ayer, en pleno debate sobre el futuro de Caixanova y Caixa Galicia, el alcalde de Vigo aguantó un chaparrón de críticas, dentro y fuera de la ciudad, tras su llamamiento a la ciudadanía para que se manifieste contra la fusión el 9 de febrero. El Consejo Económico y Social convocado por Caballero resultó más polémico de lo previsto. Sindicatos, empresarios, PP, BNG y colectivos sociales criticaron la manifestación. Caballero eludió votar esta convocatoria y propuso un manifiesto de apoyo a que Caixanova siga siendo «una caja solvente, gallega y con el centro de decisión en Vigo». CIG, PP y BNG se negaron a votar el texto por entender que era un «paripé» del regidor vigués. La decisión de Caballero sentó mal incluso en las filas socialistas.

La Autoridad Portuaria, que preside la ex alcaldesa Corina Porro, declinó asistir al CES. Y la federación de vecinos también excusó su presencia.

En medio, el portavoz municipal del PP, José Manuel Figueroa, solicitó un pleno extraordinario que el alcalde está obligado a convocar en dos semanas. Figueroa pidió que se celebre «en un gran auditorio público» y antes del día 9, para que «Vigo escuche el auténtico debate sobre las cajas». El socio de gobierno del PSOE en Vigo, el nacionalista Santiago Domínguez, invitó a Caballero a convocar el pleno y reiteró que su movilización defiende «que Caixanova leve o seu centro de decisión fóra de Galicia».

Fuera de la ciudad, el presidente de la Xunta exhibió su artillería dialéctica contra la protesta al asegurar que atenta «contra os intereses da cidade». Alberto Núñez Feijoo apeló a su condición de «vigués de adopción» (que comparte con el alcalde) para remarcar que lo único que está defendiendo el regidor con su actitud es que Vigo se convierta en «sucursal dun centro financeiro potente con sede en Madrid».

Es más, no se privó en competir viguismo con Caballero y dijo que va camino de convertirse en el primer mandatario local «da historia da democracia» que prepara una protesta sustentada, dijo, por una fuerza «minoritaria» y que, a la postre, va «contra os intereses» de Vigo.

También expresó su «agradecemento» al gobernador del Banco de España por «desmontar a falacia» de que el SIP (fusión fría) defendido por Caixanova y Caballero podría tener carácter reversible.

El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, criticó la movilización por ir «contra os intereses de Vigo e Galicia». Y el alcalde socialista de A Coruña, Javier Losada, dijo «respetar» la decisión de su homólogo vigués, pero advirtió: «Si tengo la mínima duda de que los intereses de mi ciudad se ven afectados, les aseguro que mi colega de Vigo se va a quedar corto para lo que voy a hacer yo».