La aprobación de la ley deroga el decreto del BNG y deja sin efecto todos los procesos judiciales abierto.
22 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Precisamente el mismo día en el que el Parlamento de Galicia aprobaba con los votos del Grupo Popular la nueva ley que regulará el negocio gallego del viento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una resolución en la que anula la suspensión del concurso eólico del BNG. Los jueces habían ordenado en septiembre la paralización cautelar del proceso, al detectar indicios de ilegalidad. Posteriormente, empresas que consideraron lesionados sus derechos presentaron recursos de súplica contra esta decisión. Y estos recursos han salido ahora adelante.
Según fuentes conocedoras de la resolución, notificada ayer a las partes, el Tribunal Superior admite el argumento de los recurrentes de que no hay ninguna urgencia que justifique la suspensión, puesto que la tramitación de los proyectos estaba ya paralizada por la Consellería de Industria, que por su propia cuenta detuvo el proceso tras considerar que el decreto del BNG era ilegal. Además, el tribunal admite que no tiene toda la documentación que necesita para tomar una decisión firme.
La resolución no tiene repercusiones prácticas. Desde el momento en que la ley aprobada ayer en el Parlamento sea publicada en el DOG , el decreto eólico 242 del BNG quedará derogado, dejando sin efecto todos los actos administrativos a que dio lugar. Esta circunstancia, que jurídicamente se explica como una «pérdida sobrevenida del objeto», supone que dejan de tener efecto los recursos judiciales presentados contra el decreto en sí, contra la resolución del reparto efectuado por el BNG hace ahora un año, y contra las decisiones adoptadas por el PP desde su llegada al poder.
Desistimiento del conselleiro
Fuentes próximas a la Consellería de Industria consideran que, en el plazo de una semana o diez días, el conselleiro Javier Guerra firmará una nueva resolución en la que desistirá de tramitar los proyectos admitidos a trámite por el BNG. Será el último capítulo del culebrón eólico protagonizado por el Gobierno bipartito en sus últimos meses de legislatura. Y con él se dará paso a un nuevo escenario: el de la ley del PP, que cobrará un canon por la implantación de molinos en Galicia, y que tendrá que repartir los 2.325 megavatios pendientes en un nuevo macroconcurso.
Como estaba previsto ayer, el Parlamento de Galicia aprobó la nueva ley con los votos del PP. Los grupos de la oposición votaron en contra, y pronosticaron que con el nuevo texto se volverá «al sistema de adjudicaciones discrecionales de la época de los Gobiernos de Fraga». Para el portavoz del BNG, el nacionalista Fernando Blanco, precisamente el conselleiro que aprobó el reparto ahora anulado, «a lei é unha desculpa para que o PP faga o que queira co sector». Además, puso en duda la «certeza xurídica» del canon eólico, y advirtió de que será «moi difícil de aplicar», pues grava una energía que a su vez está primada por su carácter ecológico.
Críticas de la patronal
La aprobación del texto tampoco ha satisfecho a la patronal gallega del sector. El secretario general de la Asociación Eólica de Galicia, Íñigo Muniozguren, explicó que, «al confirmarse que el texto ha sido aprobado en los términos en que se planteó inicialmente», a los promotores eólicos no les queda otra opción que «adoptar las acciones oportunas para denunciar la inconstitucionalidad del nuevo texto». La patronal ha encargado un informe jurídico a la consultora Price Waterhouse Coopers con el que pretende iniciar un procedimiento ante el Constitucional. Según Muniozguren, «el sector ha estado parado en Galicia durante los últimos cuatro años, y ahora, con la implantación de un registro en el ministerio, volveremos a estar parados otros cuatro». La ley, y en concreto el canon, no hacen más que «complicar aún más las cosas».
Ayer mismo, la patronal eólica a nivel estatal (AEE) denunció que el negocio del viento está parado en España, y alertó de que están en riesgo 18.000 empleos si no se pone cuanto antes sobre la mesa el nuevo marco regulador. Los operadores culpan al Gobierno de Zapatero de paralizar un sector que aporta el 14% de la energía que se produce en España, y que da empleo a 40.000 profesionales. A su juicio, el objetivo de que en el país haya 20.155 megavatios instalados el año que viene está en peligro.