Corredores de seguros gallegos denuncian a 32 bancos y cajas de ahorros por competencia desleal

E.??V. Pita

ECONOMÍA

Alertan sobre supuestas coacciones a los clientes en la suscripción de hipotecas

11 nov 2009 . Actualizado a las 12:38 h.

La Comisión Nacional de la Competencia ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de Seguros, (Agacose) y abrirá una investigación a 32 bancos y cajas de ahorros españolas por vincular la concesión de una hipoteca a la firma de uno o más seguros con la misma entidad financiera. Los denunciantes argumentan que esta práctica es «coactiva» porque la persona que va a solicitar el crédito más importante de su vida se ve privado de la libertad de contratación del consumidor. Muchas corredurías de seguros han visto cómo sus clientes se fugaban a las aseguradoras recomendadas por los bancos para lograr un descuento en la hipoteca.

El organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en el mercado español examinará la queja y abrirá una investigación para comprobar si las entidades, entre las que figuran algunas gallegas, hacen competencia desleal a las aseguradoras. Otra denuncia similar ha sido presentada en la Dirección General de Seguros.

Los corredores de seguros gallegos actúan junto a la Asociación Catalana de Corredores de Seguros (ACCA), quienes informaron de estas gestiones a más de 200 corredores y corredurías de seguros, en un acto celebrado en Santiago el pasado jueves.

El objetivo que persiguen pasa por que la Comisión declare que las prácticas que vinculan los precios de las hipotecas, e incluso la concesión de estas, a la contratación de seguros en entidades filiales de las financieras o a través e mediadores dependientes de estas, es contraria a la legislación vigente, por lo que debe prohibirse.

Agacose y ACCA consideran que las entidades financieras imponen la contratación de primas a sus clientes, bajo la fórmula de importantes sobrecostes si el cliente no accede a ello. Creen que los seguros no tienen nada que ver con la operación principal, pero las entidades financieras «imponen» su contratación. «Si no aceptan, no pueden suscribir la hipoteca o les sale más cara, por lo que desaparece la libertad de contratación y se da un caso de imposición, proscrito por la vigente ley de mediación», explicó ayer el portavoz de Agacose, Ignacio Pérez Amoedo.

Práctica generalizada

Las asociaciones consideran que esta práctica está totalmente generalizada y, por ello, han aportado en la denuncia un completo informe documental, en el que acreditan con acta notarial que las propias webs de las entidades denunciadas informan abiertamente de esta práctica «coactiva». Consideran que bancos y cajas se aprovechan de la necesidad del cliente de conseguir dinero para obligarlo a contratar productos que nada tienen que ver con la operación principal. Las dos organizaciones, que representan a pequeñas y medianas corredurías, nada tienen que objetar a la comercialización de seguros por parte de las entidades financieras, pero reclaman que estas respeten la libertad de contratación.

Hasta el seguro del coche

La principal prueba contra las financieras consiste en una decena de escrituras notariales de clientes gallegos que contrataron seguros de vida, hogar, protección de pagos e incluso del coche a cambio de un descuento en su hipoteca. «Vemos cómo consumidores que están contentos con nuestros servicios se van al banco, pero no por su gusto. No es una cuestión comercial en la que ellos puedan escoger la mejor oferta», dice Pérez Amoedo. Este asegura que su sector padece una «pérdida considerable» del negocio. En Galicia, se firman una media de 2.500 hipotecas al mes.

Los denunciantes advierten que si el hipotecado quiere cambiar su seguro, el banco le penaliza, por ejemplo, con una subida de medio punto. «Te condicionan de por vida. No es competencia limpia», dice Amoedo. Hace varios años, la asociación de consumidores y usuarios Ausbanc presentó una denuncia por un caso similar que está pendiente de resolver en la Audiencia Nacional.